Aarón Chinchilla EP. | La Diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Lucía Delgado, denunció que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) realizaron un convenio ilegal de $4.5 millones con el gerente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la construcción del Centro Cultural de Bandas en Santa Lucía, en Barva de Heredia.
En su espacio de control político, la legisladora mencionó que la ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra y el gerente de Electricidad del ICE, Luis Pacheco Morgan, firmaron el convenio N° 030-17 del 22 de diciembre del 2017, el cual contravenía un criterio del Departamento Jurídico de Cultura (oficio A.J. 530-2017), el cual señala que “(…) No le es factible jurídicamente a ninguna institución estatal la realización de alianzas, convenios o cualquier otra forma de vínculo con el ICE (…)”. Ante tal señalamiento, la firma del documento por parte de los funcionarios públicos resultaría “ilegal”.
De acuerdo con Delgado, el viceministro de Cultura de ese entonces, Max Valverde Soto, solicitó un nuevo criterio al Ministro de la Presidencia, cargo que era ocupado por Sergio Alfaro, preguntando si el ICE es competente para construir este tipo de obra con el Poder Ejecutivo; dos días después, es decir el 20 de diciembre del 2017, se obtiene un criterio complaciente por parte de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia, con instrucciones de Marvin Carvajal, quien era el Director de esa dependencia, según oficio DJ-814-2017.
“El proyecto es importante y necesario para la provincia, el problema es que no existe un marco legal que permita al ICE construir este tipo de obras, a mi criterio disfraza una contratación, la cual, la misma Contraloría General de la República había señalado en el oficio DCA-1767 del 3 de julio del 2014, pues existe una contraprestación y un objeto claro de contratación. Lo preocupante es observar incluso anticipos del 95% del valor de la obra de forma inmediata”, señaló Delgado.
Los recursos correspondientes a ese 95% de anticipo al ICE fueron devengados del presupuesto del Ministerio de Cultura en el 2017; se acreditaron en febrero del 2018 con el presupuesto del año anterior desde la subpartida de edificios y no con la de transferencias, a pesar de que Manuel Aguilar Sáenz, Director de Bandas del MCJ, indica en el oficio DB 875-18 del 29 de octubre del 2018, que el convenio estaba activo a partir de marzo del 2018.
Tampoco se cuenta con permiso municipal para el desfogue de aguas pluviales ni viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pese a que la supervisión de la obra, según el Sistema Digital Unificado de Compras Públicas (Sicop), se adjudicó en octubre del 2018 a Gestión y Consultoría Integrada (GCI S.A). por un monto de ₡84 millones, cuyo representante legal y accionista mayoritario de esa sociedad es Rubén Mario Salas Pereira, nombrado embajador en Suiza en la administración Solís Rivera y cesado de su cargo en esta administración.
“Hoy cumplimos más de un año de ese traslado y aunque existe una garantía colateral- propia de contratación administrativa- la obra aún no existe, por lo que estamos ante posibles delitos contra los deberes de la función pública”, acotó Delgado.
La información y prueba documental recopilada en esta investigación será trasladada a la Contraloría General de la República.
