La recién diputada electa por el oficialismo PPSO, Marta Esquivel denunció que juez y fiscal se pusieron de acuerdo para darle persecución política en el conocido caso barrenador.
Según mencionó en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga las presuntas irregularidades de la CCSS, los allanamientos que se ejecutaron el lunes 23 de septiembre del año 2024 fueron de manera particular y sin fundamentación jurídica.
“Prácticamente el juez copio y pego la solicitud de la fiscalía, es decir, en este país actualmente un fiscal y un juez pueden pactar allanamientos en cualquier lugar “, añadió.
Alega que los allanamientos fueron perpetuados bajo una persecución política basada en datos manipulados y amparada en funcionarios que utilizan esa institucionalidad para derribar rivales políticos.
Esquivel, había sido señalada como imputada por la Fiscalía en el caso barrenador, una investigación que sigue en curso por la contratación de los servicios tercerizados de Ebais a la Caja con supuestos sobreprecios.
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Sin embargo, a la fecha, ni el OIJ, ni la Fiscalía, ni la Contraloría han logrado explicar los supuestos sobreprecios, en lo que es considerado por Esquivel como una persecución política en su contra, que ahora pone en peligro la seguridad jurídica de la atención de cerca de medio millo0n de personas atendidas por las cooperativas.
Días atrás la Sala V, ordenó que se le entregara a Esquivel información que la Caja estuvo negando sobre los sobreprecios de las contrataciones con las cooperativas, dicha información fue parte de la que entregó como prueba en la comisión.
