Literalmente se robó la palabra. Todo parecía de fórmula en la conferencia de prensa donde Laura Fernández como Presidenta, daba una tunda pública al presidente de la Corte, Orlando Aguirre. En un espacio apenas milimétrico, la magistrada Patricia Solano se filtró en el micrófono y dió una aclaración pública sobre los alcances reales del presupuesto de la Corte
La declaración de Solano evidenció el rompimiento de la tregua institucional duró lo que tardaron en abrirse las puertas de la Casa Presidencial.
Tras una reunión de más de dos horas en Zapote, donde el Poder Ejecutivo intentó sentar en el banquillo a los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia por el uso de los fondos públicos, el Poder Judicial sacó el codo y dejó a Fernández expuesta públicamente, sin más espacio que decir, que estaba de acuerdo con la Magistrada.
El detonante fue una afirmación de la presidenta, Laura Fernández, quien aseguró que el Gobierno Central entrega ₡57.800 millones de colones por encima del mínimo constitucional y condicionó futuros recursos a la “eficiencia” jurídica.
La respuesta penal fue quirúrgica: la magistrada Sandra Zúñiga Morales plantó cara de forma frontal a la narrativa de la mandataria, tildando la lectura presupuestaria del Ejecutivo como “una verdad a medias”.
En declaraciones difundidas en plataformas digitales, Zúñiga desarmó el relato oficialista con frialdad técnica. “La afirmación de que se nos da más de lo que la Constitución dice es una verdad a medias, ¿por qué? Porque no es lo que el constituyente previó para que el Poder Judicial diera respuesta en el tema jurisdiccional”, fustigó la funcionaria.Zúñiga detalló que la judicatura pura (los jueces) apenas consume un 3.1% del presupuesto constitucional.
El resto, recordó, sostiene el engranaje de órganos auxiliares; de hecho, el gasto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para perseguir el crimen organizado es casi idéntico al de toda la judicatura del país unida.
El choque presupuestario es solo la punta del iceberg. Fernández no se guardó nada ante la prensa, catalogando ciertos procedimientos de la Corte como un “lastre” y denunciando una supuesta “persecución política” de la Fiscalía hacia su gabinete.
La mandataria incluso amenazó con esquivar al Congreso y convocar a referéndums nacionales si los diputados no aprueban reformas judiciales drásticas en junio.
Todo apunta a que el conflicto, quedó de nuevo servido en la mesa.
