George Rodríguez EP. La Organización de los Estados Americanos (OEA) está obligada a actuar en Nicaragua, en defensa de la democracia, lo que no constituye acto injerencista alguno, aseguró este miércoles el secretario general de la entidad continental, Luis Almagro.
La obligación fue asumida por los países miembros de la OEA, cuando suscribieron la Carta Democrática, que, entre otros componentes, autoriza a la Secretaría General de la organización a tomas iniciativas en casos como la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses golpea a Nicaragua, según lo indicado por Almagro en un mensaje en la redo social Twitter.
“La defensa de la democracia NO es injerencia, es una obligación que los países asumieron al suscribir la Carta Democrática, la misma que da a la Secretaría General de la OEA potestades para tomar iniciativas, denunciar y proponer soluciones. #Nicaragua #OEAenNicaragua”, tuiteó el funcionario, un ex canciller uruguayo.
Almagro difundió el mensaje un día después de que, durante una entrevista con la red estadounidense de televisión Cable News Network (CNN), se expresó en términos similares, al referirse, además, al proyecto de resolución que, referido a Nicaragua, el Consejo Permanente de la OEA proyecta debatir y someter a votación durante una sesión extraordinaria programada para el jueves.
“Esa comisión especial no constituye injerencia. Si hay otra gente que tiene otra opinión, tendrá que fundamentarla en la reunión del jueves, en el Consejo Permanente”, aseguró a CNN.
El secretario general refutó así la fuerte protesta emitida el lunes, por el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en el sentido de que la iniciativa a ser abordada por el Consejo Permanente es un acto de intervención en los asuntos internos de un país soberano.
“Velar por la democracia no es injerencia”, reafirmó Almagro a CNN, en respuesta a la posición nicaragüense, y, en cuanto a la iniciativa de crear la comisión especial para atender el caso de ese país centroamericano, subrayó, igualmente, que “esa acción no constituye injerencia”.
Si bien en el escueto comunicado de tres párrafos emitido el martes por Departamento de Prensa la OEA, anunciando la reunión del jueves, no se proporcionó detalles sobre el encuentro ni sobre el contenido de la iniciativa, de acuerdo con lo informado por medios de comunicación nicaragüenses, han indicado que la idea consiste en la creación de una comisión especial que aporte a la búsqueda de solución pacífica y sostenible a la dramática situación que registran Nicaragua.
La reunión fue convocada “con el objeto de dar seguimiento a la situación en la República de Nicaragua y considerar un proyecto de resolución a solicitud de las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú”, indicó el departamento.
Sin embargo, la noche anterior, el gobierno de Nicaragua emitió una protesta por la realización de la reunión.
Al presentar su “más enérgica protesta por el Proyecto de Declaración del Consejo Permanente (…) presentado el día 30 de julio de 2018”, a iniciativa de esos ocho países, el representante nicaragüense en la organización, embajador Luis Alvarado indicó que “el gobierno de Nicaragua no acepta la conformación de ninguna comisión especial del Consejo Permanente de la OEA para tratar sus asuntos internos”.
Se trata de una actitud maniobrera e injerencista, que se lleva a cabo sin la anuencia de Nicaragua, aseguró, en la carta de cuatro párrafos que dirigió, también el 30 de julio, a la embajadora de Costa Rica en la OEA, Rita Hernández, quien actualmente desempeña la trimestral presidencia del consejo.
El gobierno nicaragüense “rechaza enérgicamente y denuncia esta maniobra política e injerencista, que, sin el consentimiento de Nicaragua, se está tratando de llevar al plenario del Consejo Permanente (…) en un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro Estado y de violación a nuestra soberanía nacional lo cual rechazamos”, escribió Alvarado.
La administración Ortega desconoce las actividades que ese organismo realice, sin su anuencia, para abordar temas de esa índole, aseguró el diplomático.
Por lo tanto, Nicaragua “desconoce todas las reuniones del Consejo Permanente que se realicen sin la anuencia de nuestro Gobierno”, precisó.
El día previsto para la reunión marca dos semanas después de que el consejo aprobó, con el voto favorable de 21 países, una resolución de condena a la represión y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de violenta ingobernabilidad que convulsiona a Nicaragua.
Casi dos tercios de las 35 naciones miembros de la organización continental apoyaron, en la sesión extraordinaria realizada el 18 de julio, la resolución titulada “La Situación en Nicaragua” que, además, expresó preocupación por esa situación.
El texto de ocho puntos incluyó, asimismo, la exhortación, a gobierno y oposición por igual, a participar sinceramente en el Diálogo Nacional –actualmente suspendido- como mecanismo para dar solución pacífica a la crisis estallada hace tres meses.
También planteó la necesidad de identificar a los responsable de esos hechos, así como lograr el fortalecimiento democrático.
El consejo condenó, igualmente, el hostigamiento y las agresiones contra el clero –incluidos los obispos quienes participan en el Diálogo Nacional-, y los ataques armados contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), estudiantes, y personas participantes en manifestaciones opositoras pacíficas.
La declaración incluyo un llamado, al gobierno de Ortega, a que no desestime ninguna alternativa en aras de lograr la pacificación de la sociedad nicaragüense y del fortalecimiento de la democracia en ese país centroamericano.
Ese texto –promovido inicialmente por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, y Perú, países a los que se unieron Brasil y México- obtuvo 21 votos favorables y tres en contra, mientras siete países se abstuvieron y tres estuvieron ausentes.
También por abrumadora mayoría, el consejo rechazó, ese día, un proytecro de resolución presentado por Nicaragua.
Titulado “Restitución de la Paz en Nicaragua”, la iniciativa, impolsada por el canciller de ese país, Denis Moncada, incluía referencias a que la violencia que viene afectando a ese país constituye “evidencia de un plan terrorista para “dar un golpe de Estado”, y agregaba que, frente a ello, se registran los “ingentes esfuerzos realizadops por el gobuierno de Nicaragua” por contrarrestarlo.
El proyecto de resolución ptresentado por Moncada, un miluitar retirado, fue rechazado por 20 países, mientras solamente tres votaron a favor, ocho optaron por abstenerse, y tres estuvieron ausentes.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, que estalló el 18 de abril –a raíz de fracasadas reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)-, ha cobrado casi 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado fuerte daño económico.
Retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido con represión policial y parapolicial antiopositora.
