La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley con los que busca fortalecer la seguridad, agilizar los procesos judiciales, endurecer el combate contra el narcotráfico y reducir los niveles de impunidad en Costa Rica.
Las iniciativas plantean reformas en materia penal, constitucional, penitenciaria, ambiental y policial, como parte de una estrategia que el Gobierno asegura está orientada a modernizar el sistema de justicia y fortalecer las herramientas del Estado frente a la criminalidad organizada.
Uno de los principales proyectos propone modificar el Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio. Según el Ejecutivo, el objetivo es concentrar el control de la acusación en una sola etapa, reducir significativamente los tiempos de resolución de los procesos y disminuir los costos operativos del Poder Judicial.
En materia constitucional, el Gobierno anunció que el próximo 3 de agosto presentará una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para ampliar las causales de extradición de ciudadanos costarricenses. La iniciativa incluiría delitos como narcotráfico internacional, terrorismo, sicariato, trata de personas y ciberdelitos.
El paquete también contempla cambios en la ejecución de la pena mediante la restricción de beneficios carcelarios, como la firma periódica, para sustituirlos por el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico en personas con sentencias en firme, con el propósito de mantener un mayor control sobre quienes cumplen condenas fuera de prisión.
Otra de las propuestas endurece las sanciones por minería ilegal. El proyecto aumenta las penas de prisión, que irían desde tres meses hasta diez años, para quienes exploten, promuevan o financien esta actividad en áreas protegidas; además, plantea autorizar el decomiso de la maquinaria utilizada y su posterior donación al Estado.
En el ámbito de las pensiones alimentarias, el Ejecutivo plantea permitir que los deudores puedan cumplir sus obligaciones mediante el uso de tobilleras electrónicas, siempre que no registren antecedentes de violencia.
Leonel Mejía.
