La presidenta de la República, Laura Fernández, declaró como secreto de Estado una amplia cantidad de información relacionada con la seguridad y defensa nacional, incluida la documentación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo gubernamental denominado Fuerza Élite.
La medida quedó establecida mediante el decreto ejecutivo 45.870-MSP, firmado por Fernández y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, el pasado 27 de julio y publicado este lunes 10 de agosto en el diario oficial La Gaceta. La disposición entró en vigor con su publicación.
El decreto establece que la información cubierta por la medida tendrá carácter confidencial, será de acceso restringido y quedará exceptuada de la consulta pública por razones de interés público, seguridad y defensa nacionales.
“ (…) El Estado de Costa Rica enfrenta la necesidad de combatir estructuras criminales cada vez más complejas y organizadas, mediante una planificación estratégica basada en inteligencia, coordinación operativa y toma de decisiones oportunas, obligándolo a reaccionar de manera rápida y eficiente ante situaciones que ponen en riesgo la paz social y el bienestar de la población”, señala el decreto.
¿Qué información queda bajo secreto?
El alcance de la declaratoria incluye informes, documentos, archivos y datos relacionados con el funcionamiento de los órganos mencionados. La lista comprende, entre otros elementos, las capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, protocolos de intervención, estructuras de mando, recursos tecnológicos y mecanismos de inteligencia.
También quedan bajo reserva las coordinaciones entre instituciones, las estrategias de acción policial, los planes de protección de funcionarios, las gestiones de control y los protocolos de evaluación de confiabilidad, así como sus resultados.
La medida también alcanza las sesiones y reuniones de estos órganos. Quedan comprendidas las grabaciones, planes, bitácoras y acuerdos generados en esos espacios.
En el caso de Fuerza Élite, la disposición cubre la información discutida durante las reuniones en las que participan la Presidencia, jerarcas del área de seguridad y justicia y altos mandos de diferentes cuerpos policiales.
También incluye presupuestos y contrataciones
Uno de los alcances de mayor amplitud del decreto corresponde a la información financiera y de contratación pública.
La reserva comprende partidas presupuestarias, rubros de gasto y presupuestos relacionados con los órganos incluidos en la declaratoria. También abarca expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y las distintas etapas de ejecución de las compras públicas.
El decreto establece que esta restricción se mantiene independientemente de que las contrataciones sean realizadas con instituciones del Estado, entes públicos no estatales, consorcios o empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.
La declaratoria alcanza además la información relacionada con la protección de jerarcas y dignatarios del Poder Ejecutivo, incluidos los planes y operaciones de los equipos encargados de esas labores.
¿Quiénes deberán guardar silencio?
La obligación de confidencialidad no se limita a los jerarcas de las instituciones involucradas.
El decreto establece que deberán guardar reserva los funcionarios policiales, personal de apoyo, asesores, consultores y otras personas que participen en las labores relacionadas con los órganos incluidos en la declaratoria.
También alcanza a personas y empresas privadas que presten servicios técnicos, profesionales o administrativos. En esos casos, deberán suscribir una cláusula de sometimiento al secreto de Estado.
La obligación de confidencialidad se mantiene incluso después de que termine la relación laboral o contractual con el Estado. El incumplimiento puede generar las sanciones correspondientes por quebrantamiento de secreto de Estado y, en el caso de contratistas, la resolución del contrato.
De esta manera, la decisión presidencial no se limita a reservar información sobre operaciones policiales o de inteligencia: el decreto extiende la categoría de secreto a documentos administrativos, reuniones, evaluaciones, presupuestos y procesos de contratación vinculados con las estructuras de seguridad contempladas en la norma.La medida alcanza información de la DIS, Fuerza Élite y Consejo Nacional de Seguridad Pública, además de operaciones, presupuestos y contrataciones vinculadas con esos órganos
