La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, desmarcó la política exterior de su gobierno de las denuncias internacionales de fraude electoral en Nicaragua, al afirmar que el sistema de gobierno liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo responde a una elección de los propios ciudadanos nicaragüenses.
Durante una entrevista con la cadena internacional NTN24, la mandataria costarricense fue cuestionada sobre el manejo de las relaciones bilaterales y fronterizas con el régimen vecino, en un contexto donde Costa Rica alberga a miles de solicitantes de refugio originarios de ese país.
Fernández abogó por mantener una relación de vecindad comercial y pacífica, y enmarcó la situación política de Nicaragua como una decisión soberana interna: “Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica y Dios con todos ellos, pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”, manifestó textualmente la gobernante.
Contraste discursivo
La postura asumida por Fernández respecto a la situación nicaragüense contrasta con los criterios que expuso minutos antes en la misma entrevista para evaluar a los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Al referirse a las administraciones de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, la presidenta costarricense sostuvo que *”ahí no hay un espacio de gris: o están bien o están mal”* y avaló las presiones económicas y diplomáticas externas contra lo que denominó “dictaduras”.
Sin embargo, al evaluar al régimen de Managua, Fernández evitó los calificativos utilizados para Caracas o La Habana y argumentó diferencias en el entorno material de los ciudadanos.
“Nicaragua hace inversiones y mantiene una estabilidad económica donde usted no puede comparar las condiciones de vida que tienen los nicaragüenses frente a las que tienen, por ejemplo, los cubanos o la que llegaron a tener los venezolanos”, señaló.
La afirmación de la mandataria de que los nicaragüenses “eligieron” su forma de gobierno se aparta de la línea oficial que el propio Estado costarricense ha sostenido en los foros multilaterales. Costa Rica, junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional, desconoció los resultados de los últimos procesos electorales generales en Nicaragua, tras documentarse el encarcelamiento de candidatos opositores, la clausura de partidos políticos y la ausencia de misiones de observación electoral independientes.
A pesar de estos antecedentes y de que un 25% de la población actual en Costa Rica es de origen nicaragüense —según los datos demográficos citados por la propia gobernante en la entrevista—, Fernández concluyó que su administración priorizará la vía del pragmatismo, calificando el vínculo actual entre ambos países como “una relación armoniosa dentro de lo que cabe”.
Cuestionamientos desde el arranque
Desde el arranque de su mandato, la comunidad nicaraüense ha visto con recelo los acercamientos de Fernández con Managua.
La mandataria invitó al diplomático nicaragüense Valdrack Jaentschke al traspaso de poderes, quien ha sido señalado por organismos internacionales y sectores de la oposición nicaragüense como el principal operador de una red de espionaje y represión internacional.
Asimismo, se le señala como uno de los actores que habría, presuntamente, tenido un rol estratégico en el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en junio de 2025.
En una carta fechada el 28 de abril en San José, la organización Renacer Nicaragua expresó su “profunda preocupación” por la invitación extendida al régimen y, en particular, por la participación de Jaentschke en un acto de alto simbolismo democrático.
“Consideramos que la presencia del señor Valdrack Jaentschke en un acto tan simbólico como la toma de posesión de la Presidencia de la República constituye un grave error político y ético”, señala el documento dirigido a la presidenta Laura Fernández y al excanciller Arnoldo André (…) El cocanciller Jaentschke ha sido señalado como una de las piezas clave en la coordinación de la represión transnacional contra exiliados nicaragüenses, incluyendo actividades de espionaje, vigilancia y hostigamiento en países de la región, entre ellos Costa Rica. Su presencia genera un profundo temor y una sensación de inseguridad entre la comunidad exiliada”, integrada por personas que han sido víctimas directas o indirectas de la represión. Ver a uno de sus principales operadores internacionales sentado en un acto de celebración democrática representa, para nosotros, una dolorosa revictimización”, subrayó la organización.
Las críticas también fueron respaldadas por el líder opositor Félix Maradiaga, quien en declaraciones a Infobae recordó el papel que Costa Rica jugó en 2018 frente a la crisis nicaragüense.
“En 2018, países como Costa Rica asumieron posiciones firmes contra la dictadura de Daniel Ortega. La reacción del régimen fue inmediata y agresiva, incluyendo el cierre de fronteras y medidas de presión que terminaron afectando económicamente a sus vecinos. Es comprensible que, ante la capacidad de presión de esa dictadura, algunos gobiernos opten por manejar la relación con cautela y desde la diplomacia. En el caso de Costa Rica, una de las democracias más sólidas de América Latina, se entiende ese enfoque. Con todo respeto, es importante decir con claridad que el régimen de Ortega es una amenaza directa no solo para los nicaragüenses, sino también para la estabilidad democrática de sus vecinos”, sostuvo.
