Por Juliana Martínez Franzoni
Investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR) y premio de la fundación Alexander von Humboldt.
El discurso inaugural de la presidenta Laura Fernández abordó tres temas principales: seguridad, infraestructura y eficiencia estatal. Entre las cosas concretas que planteó, ¡bien por el tren rápido que tantas horas de vida en presas nos podría ahorrar!
El silencio sobre lo social
Hizo, sin embargo, mucha falta saber cómo mejorará la educación pública, las listas de espera en salud, o la crisis financiera de las pensiones. Ese silencio fue muy acorde con la “continuidad del cambio” iniciado por el presidente Chaves. La política social ha ocupado un lugar marginal y ello ha incrementado sistemáticamente la “deuda” del Estado con muchas necesidades prácticas de población. Los mejores ejemplos son en salud y educación. El gobierno culpa de todos los problemas a “los mismos de siempre” aunque hayan sido sus propias decisiones las que han acentuado considerablemente los problemas sociales preexistentes. En eso, se parece en todo a la política tradicional para la cual el problema siempre son los otros.
Durante décadas, Costa Rica construyó una idea relativamente compartida: la salud pública, la educación, las becas, las pensiones o la seguridad social no eran meras “ayudas” para algunos sectores sino parte de un proyecto colectivo de ciudadanía. Ese modelo tuvo enormes limitaciones y desigualdades, por supuesto, pero permitió algo poco común en América Latina: redistribución de oportunidades y una experiencia de pertenencia compartida.
Destruir esos logros es como dispararse en el pie. La presidenta dijo que defenderá las cosas buenas del pasado pero no nos aclaró si la inclusión social es parte de esas cosas buenas, ni nos dice concretamente cómo las defenderá. Solo nos dice que hay que cambiar las instituciones de la “Segunda República” como si eso, milagrosamente, fuera a traducirse en servicios de salud, educación, cuidados…
La vulnerabilidad no es asunto individual
No existió ninguna referencia a cómo la gente se está viendo afectada por mercados laborales precarios, desigualdades territoriales, crisis de cuidados, envejecimiento o exclusión educativa.
En el discurso presidencial, la palabra “igualdad” apareció más como aspiración general que como proyecto político claramente definido. Casi no hay referencias a salud, educación, cuidados o pobreza estructural. En cambio, sí hay un fuerte énfasis en disciplina, eficiencia y “mano dura”. Lo social aparece subordinado principalmente a tres “nudos”: seguridad, modernización del Estado y reformas institucionales como la del Poder Judicial.
Posiblemente la frase más reveladora del discurso en materia social fue la que cuestionó la “cultura del pobrecito”. En esa referencia de la Presidenta no solo se lee una crítica a ciertas políticas penales sino también una forma de entender la vulnerabilidad social. La pobreza aparece aludida en clave moral y por lo tanto vinculada al esfuerzo y la responsabilidad individual.
Esto es muy llamativo. Pensemos que una enfermedad grave puede desestabilizar financieramente a familias de ingresos medios. El envejecimiento poblacional está multiplicando necesidades de cuidado que hoy recaen casi enteramente en las familias y que dificultan enormemente la participación laboral de las mujeres. La automatización vuelve más inestable el empleo y los efectos del cambio climático golpean ingresos y territorios.
Las sociedades contemporáneas son cada vez más inciertas y esa incertidumbre no afecta únicamente a quienes viven en condiciones de pobreza sino a toda la sociedad. La política social no existe solamente para apoyar a no pueden atender necesidades alimentarias y de vivienda sino como una forma de protección colectiva frente a riesgos que ninguna familia puede manejar completamente sola. Esa fue precisamente una de las grandes lecciones de la pandemia.
En el discurso presidencial nada de esto existió. Su visión se inscribe en cambios políticos más amplios observables en distintos países en los que propone tener un Estado fuerte para castigar, vigilar y controlar, y débil para prevenir y proteger. La protección social se vuelve más selectiva, más condicionada y mucho más frágil, aunque eso sea una receta segura para aumentar las filas del crimen organizado.
Claro que en el Estado costarricense hay problemas. En todos los países existen burocracias ineficientes, instituciones que requieren reformas y promesas incumplidas a las que es urgente atender. Por eso mismo necesitamos saber qué hará este gobierno con algo más que una retórica generalísima de resultados y eficiencia.
¿Qué significa gobernar en materia social?
Si cada programa social es un mecanismo mediante el cual una sociedad decide cuánto protege o cuánto abandona a las personas cuando enfrentan momentos difíciles, necesitamos urgente saber a qué se compromete esta administración en materia social. ¿Cuándo le pagará? ¿cuánto a la seguridad social? ¿Cuándo tendrán los pupitres necesarios las escuelas públicas? ¿Qué ocurrirá con las becas pérdidas de Avancemos?
Y ojalá la respuesta sea más creativa que el “no hay recursos”. La tarea de los gobiernos no es quejarse de que no hay recursos sino conseguirlos. También es tarea de los gobiernos tener las “luces largas” para comparar los costos de invertir en la gente con los costos que el no invertir tiene para la sociedad, para la economía y para el propio Estado cuando debe enfrentar “los platos rotos”.
Más allá de partidos políticos o simpatías ideológicas, esta conversación nos concierne a todos.
