La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Ulate Alvarado, presentó un proyecto de ley para ampliar la protección penal a las personas que reciben amenazas o intimidaciones de prestamistas gota a gota, aunque no tengan ninguna relación con la deuda.
Entre enero de 2023 y agosto de 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró 3.251 casos de extorsión bajo esta modalidad en Costa Rica.
La iniciativa plantea modificar el artículo 214 bis del Código Penal para incluir expresamente a terceras personas entre las víctimas protegidas por la norma, ante las amenazas que reciben familiares, amigos, vecinos y otras personas para presionar a quienes solicitaron préstamos.
“No es justo que una persona tenga que vivir con miedo, recibir amenazas o poner en riesgo a su familia por una deuda que ni siquiera es suya. No podemos permitir que estos grupos sigan sembrando terror entre los costarricenses. Con este proyecto queremos cerrarles espacios y proteger a las personas inocentes”, señaló la diputada Ulate.
El proyecto establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes utilicen amenazas o intimidación con el fin de obligar a pagar una deuda. Si los hechos califican como delincuencia organizada, las sanciones serían de ocho a 15 años de cárcel.
“Aquí el mensaje tiene que ser claro: nadie tiene derecho a amenazar a una familia ni a cobrar una deuda sembrando miedo. Los costarricenses necesitan protección y los delincuentes deben enfrentar las consecuencias de sus actos”, finalizó Ulate.
