Un juez del Tribunal Contencioso habría ordenado al Consejo de Transporte Público se vio obligado a frenar la salida de la empresa de autobuses Consorcio del Este, operado por Orlando Ramírez, dueño de las empresas CESMAG S.A. y Zapote S.A., a quienes no se les había renovado el permiso de operación por atrasos de cerca de ¢2 mil millones con la seguridad social.
Ramírez destaca a lo interno del CTP por ser un miembro cercano al presidente Rodrigo Chaves, a quien apoyó abiertamente y de diferentes formas en la campaña electoral.
El hecho de que el representante de los empresarios a lo interno del CTP sea objeto de no renovación de sus permisos de operación por presentar deudas con la seguridad social, no solo afecta la imagen política del Consejo sino que sienta un mal precedente, señalaron fuentes internas de la entidad a elperiodicocr.
La empresa, que presta servicio en varias rutas que conectan Zapote, Curridabat y Tres Ríos con San José, acudió al Contencioso en busca de frenar el acuerdo tomado por la junta directiva del CTP semanas atrás, cuando se rechazó la solicitud de renovación.
Ahora, la empresa labora bajo la figura de precario, es decir con un permiso mediante el cual, no hay una asignación formal de la ruta, pero que se otorga para impedir la interrupción del servicio.
Así lo confirmó a elperiodicocr el viceministro de Transporte y director del CTP, Carlos Ávila.
“En este caso particular, estamos enterados de que la empresa fue a pedir protección judicial y un juez tomó una medida cautelar donde nos ordena suspender estos acuerdos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Los abogados decimos: ‘un acto administrativo tiene validez y eficacia’”, afirmó Ávlia.
El viceministro aclaró que el permiso en precario bajo el cual opera ahora la empresa de Orlando Ramírez, tiene “un plazo más corto, no firman un contrato (…) pero ellos tienen que cumplir con todas las obligaciones legales correspondientes: tener la inspección técnica cada 6 meses, los seguros correspondientes y demás”.
Alonso Mejía.
