George Rodríguez EP. El Segundo Paro Migrante se llevó a cabo este martes en Argentina para exigir la derogación de un decreto presidencial –Decreto Nacional de Urgencia (DNU)- que organizaciones de derechos humanos consideran discriminatorio, además de restrictivo de los derechos de los inmigrantes.
La medida cumplió para conmemorar el Día Nacional del Inmigrante, y se enmarcó en la Campaña Nacional “Migrar no es delito”, mediante la cual se denuncia que el DNU 70/201 criminaliza la inmigración.
El decreto fue puesto en vigencia en enero de 2017, pero un fallo judicial emitido en marzo de 2018 lo declaró inconstitucional, y la Corte Suprema de Justicia estudia su anulación.
La medida fue convocada “por nuestros derechos, el reconocimiento de nuestro aporte, en rechazo al ajuste que lo vivimos todos y por la anulación definitiva del DNU 70/201″.
Asimismo, apuntó a visibilizar el aporte de los extranjeros a la economía argentina, indicó la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Universidad Nacional de La Plata.
“La mano de obra migrante cubre las actividades económicas que la mano de obra nativa no hace, de ahí que (…) estos grupos han desarrollado las zonas agrícolas durante años”, indicaron, en un comunicado, los organizadores del paro llevado a cabo en lugares tales como La Plata –capital de la provincia de Buenos aires- y la ciudad de Buenos Aires –la capital argentina-.
En ambas ciudades, la fuerza laboral inmigrante se inserta en áreas tales como la construcción, el cultivo de hortalizas y frutas, la educación lo mismo básica que superior, de acuerdo con datos oficiales.
El Primer Paro Migrante se realizó el 30 de marzo del año pasado, para marcar el fallecimiento de cinco niños y una mujer –los seis de nacionalidad boliviana- en un incendio ocurrido el 30 de marzo de 2006 en un taller textil clandestino en Buenos Aires.
Organizaciones defensoras de los derechosa delos migrantes denunciaron, el 20 de marzo del año pasado, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el DNU 70/201, describiéndolo como medida de fomento de intolerancia, xenofobia, y “racismo institucional”.
En cuanto al aporte monetario de los inmigrantes radicados en Argentina, la estatal Universidad Tres de Febrero indicó, en un estudio que publicó en 2016, que ese sector de la población genera de 1,000 a 1,500 millones de dólares anuales por concepto de pago del impuesto al valor agregado, y que durante el período 2007-2011 produjo riqueza estimada en 3,900 a 5,000 millones de dólares.
De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas para 2017, Argentina cuenta con alrededor de 2.1 millones inmigrantes –aproximadamente 4.89 por ciento de la población nacional-.
De ese total, casi 54 por ciento está constituido por mujeres, frente a un 46 por ciento de hombres.
Los puntos de origen desde los cuales llega la mayoría son Paraguay (33.25 por ciento), Bolivia (20.52), Chile (10.44), todos países limítrofes con Argentina.
