Los informes sobre el denominado “Caso Barrenador” se estarán votando en el Plenario Legislativo el próximo lunes 23 de marzo.
Así fue informado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, quién precisó que la discusión de esos informes ocupará el primer lugar de los asuntos de la agenda legislativa y los diputados tendrán hasta las 19:00 horas para someterlos a votación.
Informe de Mayoría
El informe final de mayoría emitido por la comisión legislativa que investigó anomalías en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asegura que el caso penal habría sido provocado por una manipulación de datos técnicos gestada por mandos medios de dicha institución.
El documento fue suscrito por un bloque de cuatro legisladores representantes del PUSC, Nueva República, el oficialismo y el diputado independiente Luis Diego Vargas.
Según el análisis de este grupo, la licitación N°2023LY-0000002-0001101142 a las cooperativas se ejecutó bajo estrictos parámetros de razonabilidad técnica y legal, desvirtuando la tesis de un perjuicio económico para el Estado.
Además, sostiene que, en abril del 2024, el Área de Contabilidad de Costos de la Caja emite un documento denominado “Estudio de Razonabilidad de Precios”, en el que se utilizó una metodología manipulada y basada en hechos falsos. Todos esos cambios, sostienen los diputados se hicieron para aparentar “sobreprecios” inexistentes que fundamentan el caso judicial conocido como “Barrenador”.
Por otra parte, sostienen que, en la CCSS, hubo “fragilidad de procedimientos institucionales de elaboración, control, validación y custodia de la información técnica sensible”, además de que “no existían protocolos suficientemente robustos para asegurar “unicidad documental, control de versiones, trazabilidad técnica completa y validación cruzada obligatoria”.
Todo eso permitió que mandos medios de la CCSS hicieran análisis con inconsistencias, los cuales fueron utilizados como base para decisiones administrativas, denuncias públicas y sostener artificialmente el “Caso Barrenador”.
Asimismo, el estudio de costos que derivó en el Caso Barrenador se realizó con base en el presupuesto detallado y no general de ofertas, contrario a la Ley de Contratación Pública; hecho que fue reafirmado en oficio DCP-0250 de la CGR, por lo que constituye un estudio que no es válido para determinar sobrecostos.
En este sentido, el denominado Caso Barrenador constituye, según los diputados, un ejemplo de que la “debilidad en la gestión institucional de la información puede generar crisis administrativas, judiciales y reputacionales de gran magnitud aún sin haberse comprobado o acreditado técnicamente un perjuicio económico consolidado”.
Informe de Minoría
El Informe de Minoría fue emitido por Andrea Álvarez Marín (PLN) y Rocío Alfaro (Frente Amplio), las cuales sostienen que la CCSS tiene debilidades en gobernanza, deuda del Estado, la implementación del ERP, la suspensión del portafolio de inversiones y las listas de espera,
Asimismo, sostienen que a lo interno de la institución, se ha dado una reiterada tendencia a apartarse de criterios técnicos debidamente documentados en la toma de decisiones estratégicas: “La técnica, la razonabilidad económica y el análisis jurídico fueron, en múltiples momentos, desplazados por decisiones adoptadas sin sustento suficiente o con motivaciones ajenas al expediente administrativo”.
En la misma línea, señalan un “debilitamiento progresivo de los controles internos institucionales”, “exclusión o deslegitimación de la Dirección Jurídica, la minimización de advertencias de la Auditoría Interna y la alteración de evaluación técnica”, junto a la neutralización de voces disidentes dentro de la estructura institucional.
