El deterioro de la seguridad ciudadana y el incremento de la violencia detonaron una fuerte exigencia ciudadana para reformar el Poder Judicial. El Informe del Estado de la Justicia del 2025 confirma que áreas complejas como el cibercrimen y la materia penal juvenil saturan los despachos, mientras la Sala Constitucional acumula demandas ciudadanas por servicios públicos.
Los sectores políticos reaccionaron a la crisis de eficiencia y presentaron 50 iniciativas de ley entre 2022 y 2026. Los diputados aprobaron siete proyectos enfocados principalmente en limitar la reelección de magistrados, endurecer los requisitos del puesto y modificar la elección del fiscal general.
Especialistas y miembros de la sociedad civil consideran insuficientes estos cambios políticos. Los expertos exigen depurar la estructura institucional para garantizar la independencia de los jueces, exigir un apego estricto a la legislación y liberar a los juristas de labores administrativas.
La Oficina de Planificación del Poder Judicial impulsa actualmente una serie de acciones para reducir la mora. La institución trabaja en optimizar procesos internos, completar la digitalización en la jurisdicción penal e impulsar proyectos de ley para agilizar trámites urgentes.
Las autoridades judiciales identifican a la criminalidad sofisticada como el principal obstáculo para agilizar la justicia. Un tribunal colegiado resuelve apenas dos casos de crimen organizado al año, una cifra que contrasta drásticamente con los 180 expedientes ordinarios que procesa en el mismo plazo.
Los analistas constitucionales urgen buscar soluciones externas para descongestionar el aparato estatal. Las propuestas técnicas apuntan a aprobar legislaciones que trasladen los procesos cobratorios, los cuales representan el 62% del rezago judicial, hacia una nueva industria económica de arbitraje privado.
