Allan Madriz | EP. La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) denunció que los diputados de la Comisión de Tecnología y Educación, podrían aprobar un nuevo impuesto en el expediente 21.534, Ley del Libro para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas.
Según nota que entregarán al Congreso, Cacia alertará sobre la pretensión de crear impuestos utilizando el recurso de mociones de fondo, que prevé el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, pues según los empresarios esta forma de aprobar tributos quebranta el principio democrático y los derechos de enmienda y deliberación que poseen el resto de diputados.
“Cargar con más impuestos a subsectores industriales particulares, como lo es la industria de bebidas, nunca fue objeto de consulta y análisis en la Comisión de Tecnología y Educación, lo que revela ánimo de esquivar procedimientos necesarios dentro de la dinámica parlamentaria, convirtiéndose en una táctica perversa que pretende influir en el procedimiento ordinario, para evitar la discusión y romper la unidad de las etapas del proceso de formación de la ley… ”, indicó Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de Cacia.
Según establece la nota de Cacia a la Comisión Legislativa que mira esta iniciativa de Ley, el proyecto 21.534 es “injusto, populista e irrazonable”, pues carga el problema de recorte del presupuesto que posee el sector cultura sobre un grupo empresarial, para beneficiar a otro.
“Nuestra industria hace el mismo llamado realizado con anterioridad por el órgano Contralor, que ha realizado señalamientos relativos a la necesidad de simplificar y uniformizar tributos, buscando bases amplias, tasas bajas y neutralidad, lo cual implica reducir la mala práctica de inventar más impuestos específicos para solventar problemas estructurales o voluntades políticas espurias”, agregó Montero.
Los industriales recordaron que la industria nacional de bebidas realiza aportes multimillonarios extraordinarios a instituciones como el Inder, motivo por el cual, cargar de más impuestos a este sector se convierte en un “factor destructor de capacidades para la creación de empleos”.
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