Keylor García | EP. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), señala que no es cierto que el presente Consejo Directivo haya solicitado la continuidad del actual Presidente Ejecutivo del ICE, el Ing. Carlos Obregón Quesada.
La aclaración que hace el Instituto se da ante diferentes publicaciones realizadas en otros medios de comunicación.
El ICE, manifestó a través de un comunicado de prensa que “no existe ningún acuerdo adoptado por este Consejo, que disponga y promueva ante la Presidencia de la República la prórroga del nombramiento del Ing. Carlos Obregón Quesada como Presidente Ejecutivo del ICE asunto que, repetimos, no es de nuestra competencia legal”.
También señaló que, algunas propuestas u hojas de trabajo presentadas por los consultores en materia de Gobierno Corporativo, han sido sacadas de contexto y no tienen valor ni efecto legal alguno.
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El Consejo Directivo comentó que reconoce y respalda el esfuerzo de don Carlos Obregón y su grupo gerencial tendiente a sacar adelante al ICE y a sus subsidiarias, a pesar de estar en un mercado abierto a la competencia en telecomunicaciones y con enormes retos en el resto de los sectores, buscando el fortalecimiento de todo el Grupo ICE.
Consejo Directivo del ICE
El Consejo del ICE en respuesta de algunas publicaciones que señalan como no ciertas, hace las siguientes aclaraciones:
El nombramiento del Presidente Ejecutivo del ICE compete exclusivamente al Consejo de Gobierno al empezar cada período presidencial.
El Ing. Carlos Ml. Obregón Quesada fue nombrado por la Administración Solís Rivera como Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en el artículo 3 de su Sesión Ordinaria n° 1, celebrada el 8 de mayo del 2014.
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El acuerdo del Consejo de Gobierno indica que el nombramiento de don Carlos Obregón tiene vigencia “por todo el período legal”, el cual vence el 8 de mayo del año 2018.
Dicho acuerdo no puede modificarse por una decisión de este Consejo, en razón de la jerarquía normativa que establece nuestro Ordenamiento Jurídico (artículo 6º de la Ley General de la Administración Pública) y menos por un supuesto “convenio” entre el Consejo Directivo (o el Presidente Ejecutivo) y la Presidencia de la República.
