George Rodríguez EP. El fallo en el cuestionado proceso judicial por el asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres se conocerá el 29 de noviembre, informó este domingo el Ministerio Público (MP).
La decisión judicial será conocida en esa fecha, por la tarde, indicó, a periodistas, el portavoz del MP, Yuri Mora.
Los enjuiciados por el homicidio de Cáceres –quien también fue activista de derechos humanos y dirigente ambientalista- son ocho, aunque la familia de la víctima y sus abogados sostienen que se trata solamente de los involucrados en la ejecución material del crimen, no así de los autores intelectuales.
El MP ha solicitado, para siete de los ocho acusados, la condena de 30 años de cárcel a prisión perpetua por el delito de asesinato, y 20 años de prisión por el delito de ejecución de tentativa de asesinato, indicó Mora.
En el segundo caso, la solicitud obedece a que el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de Cáceres, resultó herido durante la acción criminal contra la dirigente.
A uno de los acusados –identificado como Emerson Duarte- le fue tipificado solamente el delito de encubrimiento –que implica pena de tres a cinco años de cárcel-, ya que en su vivienda en la caribeña localidad de La Ceiba, en la costa norte hondureña, a unos 397 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, la capital nacional, fue hallada el arma con la que se cometió el homicidio, según explicó el vocero del MP.
Los otros siete acusados los ex militares Mariano Díaz y Douglas Bustillo, además de Henry Hernández, Elvin Rápalo, Oscar Torres, y Edilson Duarte –hermano de Emerson Duarte-, y el gerente Ambiental, Social y de Comunicaciones de la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (Desa).
Esta compañía fue la última que trató de ejecutar un proyecto hidroeléctrico al cual se opuso el Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), encabezado por Cáceres –su cofundadora-.
La familia de la ambientalista considera que la autoría intelectual del asesinato está en la estructura de dirigencia de Desa.
En ese sentido, en declaraciones difundidas este domingo por la agencia española de noticias Acan-Efe, Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia, aseguró que “la información que contiene el proceso, vincula a una estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres”, pero, “desafortunadamente, por la dinámica de la impunidad del sistema de justicia que integran el Ministerio Público y el poder judicial”, se ocultó prueba que involucra a la estructura de autoría intelectual del asesinato.
Fernández indicó, asimismo, que uno de los acusados –Sergio Rodríguez, en su testimonio, dejó en evidencia a Desa como responsable del crimen.
Rodríguez dijo que “es confeso de todo el mecanismo de seguimiento que le hicieron a Berta Cáceres y de la clara identificación que tenía la empresa DESA que Berta Cáceres era el principal obstáculo a su proyecto”, señaló el abogado.
Ese testimonio apunta directamente a la compañía, aseguró.
“Por consecuencia lógica, quién entonces tenía la posibilidad o la decisión de quitar ese obstáculo: la empresa DESA”, planteó, en las declaraciones a Acan-Efe.
Cáceres, líder indígena, activista de derechos humanos en general y de derechos de las mujeres, y ambientalista, fue asesinada a balazos la madrugada del 3 de marzo de 2016, en su vivienda en La Esperanza, localidad a unos 180 kilómetros de Tegucigalpa, en el occidental departamento (provincia) de Intibucá, limítrofe con El Salvador.
Días antes, la dirigente había encabezado una de varias manifestaciones pacíficas contra el megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca, previsto para construirse en el departamento de Santa Bárbara, también en el occidente hondureño.
El proyecto, autorizado en 2010 por el gobierno del entonces presidente (2010-2014) de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo, se implementaría en un sector del río Gualcarque –cuerpo de agua sagrado para el pueblo indígena Lenca, comunidad a la cual pertenecía la dirigente-.
En inmediata reacción, habitantes del área buscaron el apoyo del Copinh, y explicaron que su oposición al plan obedecía a que, en el caso de materializarse, la estructura de grandes proporciones generaría fuerte daño ambiental en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas asentadas en el área.
El Copinh, organización defensora de los derechos humanos, fue cofundado, en 1993, por Cáceres y el también dirigente indígena Salvador Zúniga, entonces su compañero sentimental.
Los pobladores locales subrayaron, en ese momento, la necesidad de detener el trabajo de construcción -labor que estaba en marcha-.
La resistencia del Copinh, liderada por la dirigente, en constante y pacífica oposición, fue blanco de fuerte represión, no obstante lo cual hizo que la empresa estatal china Sinohydro –la principal constructora de represas a nivel mundial- y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) –la parte inversionista- se retirasen del proyecto.
Sin embargo, Desa retomó el proyecto, lo que reactivó la movilización opositora local, siempre con el liderazgo de Cáceres, que impidió, nuevamente, que fuese llevado a cabo.
La decisión del gobierno de Lobo –quien llegó al poder tras haber ganado las elecciones de noviembre de 2009, llevadas a cabo bajo el régimen de facto surgido del cruento golpe de Estado de junio de ese año- fue tomada sin previa consulta a las comunidades involucradas, lo que violó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente desde 1989 y ratificado en 1995 por Honduras.
