George Rodríguez EP. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, planteó este domingo la necesidad de insistir en la realización de manifestaciones pacíficas para apoyar demandas.
A su vez, las autoridades deben permitir la realización de tales actividades, indicó Brenes, en alusión a la prohibición policial que impidió la realización, este domingo, de una marcha opositora para marcar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y para exigir la liberación de los detenidos políticos, programada para este domingo en Managua, la capital nacional.
“Habrá que seguir insistiendo en una marcha pacífica, y ojalá que, en un tiempo no muy lejano, podamos tener no una sino varias marchas (…) pero que todas sean pacíficas y puedan manifestar sus demandas o sus quejas, pero que todo se haga dentro de un ambiente pacífico”, sugirió el sacerdote, quien también es arzobispo de Managua.
Se trata de ir consolidando, de ese modo, una cultura cívica, aseguró Brenes.
“Siempre, es interesante que se pueda permitir (las manifestaciones| pacíficas), y que cada uno de los nicaragüenses podamos ir teniendo una cultura de paz, una cultura cívica (…)”, reflexionó, al dialogar con periodistas.
En ese sentido, el cardenal expresó la esperanza de que esa cultura se enraíce en Nicaragua.
“Pedimos al Señor, al Rey del Universo, que nos dé esa capacidad, a todos notros los nicaragüenses, de, un día, poder celebrar nuestras demandas en un ambiente de paz y un ambiente cívico, también, sin confrontaciones”, dijo.
Brenes formuló las declaraciones dos días después de que la Policía Nacional rechazó la solicitud de permiso para la realización de la marcha, y un día después de que, consecuencia de ello, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anunció la suspensión de la actividad.
La Policía Nacional dio a conocer, el 23 de noviembre, la Resolución firmada por el jefe de su Dirección de Seguridad Pública, el comisionado general Luis Fernando Barrantes, mediante la cual fue rechazada la solicitud.
“Resuelvo: Primero: No autorizar la movilización y manifestación que pretende realizar el día domingo 25 de noviembre 2018, la autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco”, informó Barrantes, en el texto de cinco considerandos y un punto resolutivo.
La medida responde a que se trata de personas cuyo objetivo consiste en promover actos de terrorismo, además de que son investigadas por haber participado en el intento golpista, agregó.
El comisionado utilizó la definición de intento golpe de Estado que las autoridades nicaragüenses dan a las masivas marchas pacíficas y otras expresiones antigubernamentales que son reprimidas por efectivos policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados.
La UNAB anunció, un día después, la suspensión de la marcha, por razones de seguridad, rechazó las acusaciones incluidas en la resolución policial.
La violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua, estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos, pero la respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado la masiva emigración de nicaragüenses, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
