Allan Madriz | EP. A pesar de que había sido retirado semanas atrás, el expediente 19.838 “Ley para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón, Generación de Empleo y Combate a la Pobreza”, fue nuevamente convocado por el Poder Ejecutivo.
Así lo dio a conocer este martes la Fundación MarViva, después de que el pasado 21 de abril volviera a la corriente legislativa dicho proyecto, el cual ha sido objetado por varios sectores del país.
El proyecto será nuevamente visto este jueves 28 de abril en la Comisión de Ambiente del Congreso, a pesar de que existe una negativa de la mayoría de los legisladores que conforman dicha Comisión.
La noticia no cayó nada bien en los pescadores de Guanacaste, que la semana pasada se presentaron en “las barras” de la Asamblea Legislativa para mostrar su descontento.
“Los barcos de arrastre se llevan el pargo rojo, el pargo mancha y todas las demás especies de las cuales vivimos los artesanales. Luego venden ese producto dañado y de mala calidad en el mercado en grandes cantidades, haciendo que a nosotros se nos ofrezca comprar el poco pescado que capturamos por un precio mucho menor”, manifestó Martín Contreras, presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste.
Por su parte, Viviana Gutiérrez, gerente de Incidencia Política de MarViva, señala que después de semanas del retiro del proyecto, los criterios de sustentabilidad del mismo siguen siendo nulos.
“La pesca de arrastre, además de ser dañina para los fondos y las especies marinas, provoca desigualdad, concentración de ingresos, competencia desleal y pérdida de empleos artesanales. Nada de eso es tratado en el proyecto. Vuelve a permitir la técnica prohibida por los magistrados hace casi cuatro años sin aportar fundamento técnico”, explicó Gutiérrez.
Lo cierto es que de nuevo el Gobierno deberá tratar de revivir el proyecto, a pesar del rechazo de la mayoría de legisladores de la Comisión, quienes habían manifestado su descontento con la intención del Ejecutivo de instaurar esta práctica que fue prohibida por la Sala IV en el 2013.
La iniciativa cuenta con la oposición del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR-UCR); la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional; 16 organizaciones ambientalistas; diputados del Partido Liberación Nacional; el Frente Amplio y representantes del sector de pesca artesanal.
