La diputada Ángela Aguilar Vargas cuestionó los recortes planteados en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública para 2027, particularmente en áreas directamente vinculadas con la capacidad operativa de los cuerpos policiales.
De acuerdo con el análisis presupuestario, el programa Servicio de Seguridad Ciudadana, que representa el 76,72% del presupuesto institucional, pasará de ₵279.710,4 millones a ₵268.882,0 millones, lo que significa una disminución de ₵10.828,3 millones.
La reducción impacta rubros esenciales para la atención de la seguridad ciudadana:
Combustibles y lubricantes: -₵546,8 millones.
Alimentos y bebidas: -₵533,0 millones.
Textiles y vestuario: -₵479,1 millones.
Útiles y materiales de resguardo y seguridad: -₵939,8 millones.
Equipo de transporte: -₵3.789,4 millones.
Equipo de comunicación: -₵959,7 millones.
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso: -₵1.453,1 millones. “Mientras los costarricenses exigen más presencia policial y una respuesta más contundente contra la delincuencia, el Gobierno les está quitando recursos a las patrullas, a los equipos de comunicación, al combustible y al equipamiento policial. Es una contradicción que no tiene justificación”, dijo Ángela Aguilar.
La legisladora informó que está presentando una moción para revertir la disminución de los recursos para patrullas, pues el mismo ministro de Seguridad, Gérald Campos, reportó en setiembre que más de 3.000 unidades no se podían utilizar.
La legisladora también alertó sobre los recortes en recursos provenientes de leyes específicas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana. El Ministerio de Seguridad Pública recibirá ₵4.659,8 millones menos provenientes del Impuesto a las Personas Jurídicas y ₵493,6 millones menos de los recursos del Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace, fondos destinados a infraestructura policial, mantenimiento de equipo y atención de la seguridad ciudadana.
“No podemos hablar de combatir la criminalidad mientras se reducen los recursos para las delegaciones policiales, el mantenimiento de equipos y las herramientas que necesitan nuestros oficiales para proteger a la población”, reprochó la diputada. Aguilar señaló que Costa Rica atraviesa uno de los mayores desafíos de seguridad de su historia reciente y advirtió que cualquier disminución en la capacidad operativa de la Fuerza Pública termina afectando directamente a los ciudadanos.
“Recortar recursos para la seguridad ciudadana nunca debería ser una opción. Los costarricenses merecen comunidades seguras y policías con las condiciones adecuadas para realizar su trabajo”, manifestó la congresista.
