Por el Lic. Sergio Castillo
Hablemos de poder. Para entender lo que está pasando en Costa Rica, quizás debamos abandonar una idea muy extendida: que el poder está en manos del oficialismo y que la oposición se encuentra afuera, intentando arrebatárselo.
Esa imagen de dos bandos enfrentados ayuda a simplificar la conversación, pero no necesariamente a comprender nuestra realidad política.
Michel Foucault propuso una manera distinta de mirar el asunto. El poder no es simplemente algo que alguien tiene: es algo que se ejerce. Está presente en las relaciones sociales, en las instituciones, en la capacidad de influir sobre los demás y también en la posibilidad de cuestionar sus decisiones.
De ahí su conocida afirmación: «Donde hay poder hay resistencia». Y agregó algo todavía más interesante: esa resistencia nunca se encuentra fuera de las relaciones de poder.
Esto significa que quienes se oponen al Gobierno también ejercen poder. Lo hacen cuando fiscalizan, denuncian, movilizan a la opinión pública o consiguen que una decisión sea revisada.
Naturalmente, no cuentan con las mismas atribuciones y recursos que quienes gobiernan. Pero no estar en el Gobierno no equivale a carecer de poder.
Creo que algunos sectores de la oposición costarricense no siempre parecen reconocer esa posición. Su discurso, en ocasiones, se construye como si únicamente pudieran reaccionar a las iniciativas del oficialismo.
Y esa actitud puede llevarlos a confundir la intensidad de una denuncia con su capacidad para producir cambios.
La oposición no es necesariamente débil. Puede tener influencia, espacios institucionales y capacidad de convocatoria. Otra cosa es conseguir que esas posibilidades se traduzcan en resultados.
Se puede ocupar la conversación pública durante días y, sin embargo, no modificar una sola decisión importante.
La pregunta, entonces, no es solo cuánto se cuestiona al Gobierno, sino qué se consigue con ese cuestionamiento.
Pensemos en las recientes controversias por fotografías de figuras políticas junto a personas relacionadas con investigaciones penales o procesos de extradición.
Una imagen, de pronto, parece convertirse en prueba suficiente para formular juicios sobre la conducta, los intereses o los valores de alguien.
No deberíamos ir tan lejos. Una fotografía aislada no demuestra que exista complicidad, conocimiento de actividades ilícitas ni responsabilidad penal.
Eso no significa que las imágenes carezcan siempre de relevancia: según las circunstancias, pueden justificar preguntas legítimas. Precisamente por eso importa el contexto y no solamente el impacto de su difusión.
Lo llamativo es observar cómo distintos sectores recurren a mecanismos semejantes de exposición pública, mientras les atribuyen significados diferentes según quién aparezca en la fotografía.
Lo que en el adversario se presenta como un escándalo, en el aliado puede explicarse como una coincidencia. Así, una discusión que debería exigir hechos verificables corre el riesgo de convertirse en una competencia por exhibir superioridad moral.
Y aquí surge otra pregunta: ¿por qué asumir que quien se opone al poder tiene, por ese solo hecho, la razón?
La resistencia no posee una pureza moral incorporada. Puede nacer de exigencias legítimas de justicia, pero también de intereses particulares o proyectos incompatibles entre sí.
Oponerse al Gobierno no convierte automáticamente a nadie en defensor de la democracia; de la misma manera, ejercerlo no vuelve ilegítima cualquier iniciativa. Lo razonable es examinar los actos y las razones, no repartir virtudes según la posición política de cada quien.
También acostumbramos hablar de «la oposición» como si fuera un solo cuerpo. Pero dentro de ella conviven organizaciones, sensibilidades e intereses muy distintos.
Dos sectores pueden coincidir en rechazar una medida y discrepar profundamente sobre economía, seguridad o educación. Compartir un adversario no equivale a compartir un proyecto de país.
Por eso, reunir a todos bajo una misma bandera, sin reconocer las diferencias, puede producir acuerdos más aparentes que reales.
La pluralidad no es en sí misma un defecto democrático. El problema aparece cuando se presume una unidad que no existe o cuando las diferencias impiden construir acuerdos incluso sobre asuntos concretos.
Es aquí donde echo de menos liderazgos capaces de escuchar, generar confianza y encontrar puntos de encuentro. No pienso necesariamente en una figura que reúna a toda la oposición ni en alguien que silencie sus diferencias.
Pienso en personas capaces de entender el momento político, explicar qué proponen y construir consensos posibles. Un liderazgo no se vuelve legítimo por hablar más fuerte contra el oficialismo, sino por la coherencia de sus posiciones y la confianza que inspira.
El primer ejercicio debería ser mirar hacia adentro: identificar qué intereses representan los distintos grupos, cuáles son sus desacuerdos y en qué asuntos podrían cooperar sin fingir que piensan igual.
Ese trabajo es menos vistoso que una conferencia de prensa, pero resulta indispensable para dar continuidad a cualquier esfuerzo colectivo.
La confianza no nace de repetir que se comparte un enemigo; se construye cuando existen compromisos claros y cuando esos compromisos pueden sostenerse incluso en medio de las diferencias.
También debemos distinguir entre resistir y oponerse por costumbre. Una oposición seria no tiene por qué respaldar las iniciativas gubernamentales; en ocasiones, impedir una decisión arbitraria será precisamente su mayor contribución.
Pero tampoco debería rechazar todo cambio únicamente por su procedencia. Hay propuestas que merecen oposición, otras que pueden corregirse y algunas que, tras examinarlas, podrían resultar beneficiosas.
Por eso regreso a Foucault. Si el poder circula en relaciones que pueden modificarse, la resistencia tiene posibilidades de intervenir en ellas sin esperar a conquistar el Gobierno.
Puede abrir discusiones, alterar decisiones, visibilizar abusos y crear espacios para otras voces. No tiene garantizada la victoria ni la superioridad moral, pero tampoco está condenada a la impotencia.
En una democracia, esa posibilidad importa. Necesitamos autoridades capaces de gobernar y, al mismo tiempo, ciudadanos, organizaciones e instituciones capaces de cuestionarlas.
El derecho a disentir no existe solamente para quienes tienen razón, ni el control del poder depende de la simpatía que nos produzca quien lo ejerce.
Quizás deberíamos preocuparnos menos por identificar quién tiene el poder y más por preguntarnos cómo lo utiliza, qué límites encuentra y qué posibilidades reales existen para corregirlo.
La discusión política no tendría que consistir en negar todo lo que hace el otro, sino en evaluar qué decisiones acercan al país a una sociedad más justa.
La oposición no está fuera del poder. Forma parte de sus relaciones y puede transformarlas. Comprenderlo no obliga a hacer desaparecer las diferencias ni a buscar acuerdos a cualquier precio.
Nos recuerda, sencillamente, que resistir tiene sentido no solo cuando se confronta a quien gobierna, sino cuando se mantiene abierta la posibilidad de cambiar la manera en que el poder se ejerce.
