Allan Madriz | EP. Ante los cuestionamientos y acusaciones realizadas contra la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, el Poder Ejecutivo defendió la legalidad de las compensaciones salariales que ésta recibió por el concepto de “prohibición”.
A lo largo de la administración Solís Rivera, Zúñiga ha recibido un 65% sobre su salario por un incentivo cuestionado debido a que no es abogada y suma ya el monto de ¢30 millones, según informó el sitio web elmundo.cr.
Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno indicó que la viceministra de la Presidencia tiene todo en regla y lo demostrará.
“En la situación más reciente, de la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ella ha ofrecido las explicaciones correspondientes y presentará ante las instancias que sean necesarias las pruebas que en su criterio fundamentan la legalidad del beneficio recibido”, señala la nota de Presidencia.
La misma Zúñiga Aponte, utilizó las redes sociales para defender las compensaciones salariales recibidas durante estos 33 meses, al ser viceministra y egresada de la carrera de Derecho.
“Los puntos anteriores están ratificados por dictámenes vinculantes de la Procuraduría General de la República n.° C-252-2012 del 29 de octubre del 2012, C-263-2008 del 30 de julio de 2008 y C-340-2008 del 23 de setiembre de 2008”, afirmó la viceministra.
Pero el caso de Zúñiga no es el único similar durante este Gobierno, ya que tantos las viceministras de Gobernación y Vivienda, Carmen Muñoz y Ana Cristina Trejos, respectivamente, recibieron incentivos salariales a pesar de no tener los atestados para hacerlo.
Sin embargo el Ejecutivo se limitó a indicar que en estos casos se debió a errores y por ende las viceministras se llegaron a un acuerdo para devolver por pagos el dinero total recibido.
“En dos de los casos, al haber ocurrido un error en la asignación de los beneficios, las viceministras llegaron a un arreglo para reintegrar las sumas percibidas de más”, señala el Ejecutivo.
Los tres casos han sido reprochados por la oposición y desde la Asamblea Legislativa, los diputados opositores han pedido al Presidente Luis Guillermo Solís realizar acciones contra las viceministras.
