La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó este lunes un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidencia de la República y contra Rodrigo Chaves Robles, en su condición de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
La pretensión principal planteada por ANEP consiste en que se determine, mediante una evaluación psicológico-forense multimétodo, si las conductas de Chaves Robles, documentadas en el recurso podrían estar asociadas con determinados rasgos o patrones de personalidad y, especialmente, si estos podrían comprometer aspectos como el juicio ponderado, la proporcionalidad de las decisiones, la tolerancia al control institucional y el trato igualitario en el ejercicio de dos ministerios de impacto nacional.
Para sustentar su solicitud, la organización incorpora una recopilación de acontecimientos, declaraciones y actuaciones públicas de Chaves Robles, ocurridas entre 2022 y septiembre de 2026, dirigidas o relacionadas con diputados, autoridades de órganos de control, integrantes del Poder Judicial, periodistas, medios de comunicación, universidades, mujeres y distintos sectores de la ciudadanía.
El recurso sostiene que estos hechos deben analizarse integralmente para establecer si existe algún patrón relevante para el ejercicio de la función pública.
La ANEP también plantea que la Sala valore medidas dirigidas a garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, particularmente en lo relacionado con la obligación estatal de procurar el mayor bienestar de las personas habitantes del país.
Recurso también se dirige contra la Presidencia de la República
La acción constitucional también se presenta contra la Presidencia de la República, encabezada por Laura Fernández Delgado, debido a que fue quien nombró a Rodrigo Chaves como ministro.
ANEP fundamenta esta parte de su recurso en el artículo 139 de la Constitución Política, señalando que la Presidencia posee la potestad constitucional de nombrar y remover ministros, y relaciona esa responsabilidad con las obligaciones atribuidas al Poder Ejecutivo para mantener el orden y la tranquilidad de la Nación y resguardar las libertades públicas.
La organización considera que corresponde a la Presidencia adoptar las previsiones que resulten procedentes mientras se analiza la situación planteada ante la jurisdicción constitucional.
Además, ANEP solicita valorar medidas que garanticen el adecuado funcionamiento institucional y plantea restricciones relacionadas con decisiones que puedan afectar a órganos de control y al Poder Judicial mientras se resuelve el asunto principal.
Será ahora la Sala Constitucional la encargada de determinar la admisibilidad y procedencia de las pretensiones formuladas, así como el alcance de cualquier medida que eventualmente corresponda.
