La jornada ha dejado como saldo decenas de ciudadanos detenidos y varias personas heridas de bala. Entre los detenido figura el corresponsal de FRENADESO Noticias, Jean Carlos Fuentes, también dirigente del SUNTRACS.
Las organizaciones de derechos humanos han señalado al gobierno de Martinelli de violar los derechos de la ciudadanía, luego que el martes anterior se comprobara que un menor de 9 años había sido asesinado a balas por la policía.
“Una familia y un pueblo lloran hoy la muerte de un niño de apenas 9 años. 15 humildes hijos del pueblo fueron heridos de bala. Más de 200 fueron detenidos, entre ellos 40 obreros del SUNTRACS. Se impuso toque de queda, se disparo a mansalva contra la población y se violaron de manera flagrante los derechos humanos”,denunció el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (FRENADESO).
Esa organización calificó los actos violentos como terrorismo de Estado y actos de lesa humanidad.
“¿Y qué nos dice el Gobierno y la Policía? Mienten como siempre, que el niño no murió por disparos de sus agentes, tal como mintieron en el caso de la Masacre de Changuinola (dónde asesinaron a dos obreros y varios niños), o cuando dijeron que los ciegos y tuertos estaban así porque se arrojaban al suelo donde ellos, los policías, disparaban los perdigones; o en el caso del crimen del indígena Jerónimo Rodríguez Tugry en el Oriente chiricano o del joven Mauricio Méndez en Las Lomas de Chiriquí del que dijeron que su cruel fallecimiento había sido producto de una bomba molotov que le explotó en el rostro; o el monstruoso caso de los 7 adolescentes que murieron quemados en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen”, señalaron.
La protesta que inició el pasado 19 de octubre, es indefinida hasta que no se derogue el decreto 72, anunciaron las organizaciones civiles.
“Es un verdadero despojo de los terrenos que le pertenecen al pueblo, con los cuales un grupo de empresarios inescrupulosos se han enriquecido históricamente por los bajos cánones de arrendamiento que disfrutan y con los cuales Martinelli y sus compinches pretenden ahora hacer un gran negociado. Eso es la Ley 72 que acaba de aprobar la corrupta Asamblea Nacional de Diputados a tambor batiente con la soberbia y el desprecio al pueblo que caracteriza a sus integrantes.
La aprobaron siguiendo las viejas tácticas que ellos en campaña electoral juraron erradicar. Sin consultas ni debate real, en medio del partido definitorio de Panamá para la hexagonal…”, expresó en un comunicado el FRENADESO.
La ciudad de Colón prácticamente quedó paralizada y pese al toque de queda ciudadanos de diversas organizaciones civiles, indígenas, estudiantes y trabajadores de salud y transporte aún se mantienen en las calles, solicitando a su vez la renuncia del presidente Martinelli.
Piden intervención de la CIDH
Ante la ola de violencia contra la población civil, la abogada Gilma Camargo presentó un recurso a favor del pueblo de Colón y solicitó a la relatora sobre Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir en el conflicto.
“En nombre del pueblo de la Provincia de Colón, República de Panamá, solicito su inmediata intervención a favor del pueblo colonense, la Provincia nacional con el mayor número de Afrodecendientes en la República de Panamá.
En los pasados cinco días el Estado panameño ha descargado un inmenso arsenal militar en contra del pueblo colonennse que se opone a la venta de su patrimonio representado en las tierras de la Zona Libre de Colón”, expresa la abogada en la misiva enviada a la Comisionada Rose Marie Belle Antoine de la CIDH.
Agregó que la población afrodescendiente está totalmente desprotegida ante los ataques de las Fuerzas del Servicio Nacional de Fronteras “quienes están usando armas de alto calibre y haciendo uso desproporcionado de gases lacrimógenos sin el menor reparo a las reglas de proporcionalidad y necesidad”.
