George Rodríguez EP. La representación opositora en la negociación para dar solución a la violenta crisis sociopolítica de Nicaragua actúa con mezquindad, y con una actitud golpista y terrorista, afirmó, este viernes, la delegación gubernamental en las estancadas conversaciones.
La delegación de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) mantiene un doble discurso, aseguró, asimismo, su contraparte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), en una Nota de Prensa.
El GRUN “reclama una vez más seriedad a los Miembros de la Contraparte”, quienes “no pueden aducir capacidad de desdoblamiento, argumentando que en la Mesa son una cosa, y en las Calles o en las Redes pueden hacer y decir lo contrario”, indicó la delegación, en el texto de 13 puntos.
El régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, aludió así al hecho de que la ACJD lo señala como responsable de incumplir acuerdos logrados en el marco de la compleja negociación, entre otros, el referido a la liberación de todos los presos políticos.
En ese sentido, al denunciar que persisten las detenciones de opositores, la alianza anunció, el 23 de abril, disposición a continuar las conversaciones cuando el régimen demuestre que, tal como afirma, está cumpliendo los acuerdos logrados.
En el comunicado de este viernes, el equipo negociador oficialista afirmó que “exigimos nuevamente responsabilidad absoluta con lo que nuestro Pueblo reclama a quienes a pesar de que destruyeron el País y sembraron caos, desempleo, luto y dolor con sus acciones golpistas y terroristas, hoy están sentados en esa Mesa, y es allí donde debemos producir los resultados esperados”.
El grupo gubernamental reafirmó así la versión del régimen orteguista de que la violencia que golpea a Nicaragua, hace más de un año, no es resultado de la represión policial y parapolicial antiopositora sino de lo que describe como un intento golpista que el gobierno logró frustrar.
Como parte de las fuertes expresiones respecto a sus contrapartes de la ACJD, los negociadores del GRUN aseveraron que, “desde sus particulares comodidades se dan el lujo de seguir exhibiendo insensibilidad, precariedad, miseria y mezquindad, mental y espiritual”, y reclamaron “que vuelva la cordura y cese de una vez por todas, la infeliz locura de una Contraparte que sólo sabe de Terrorismo Golpista, y que no tiene la estatura o la calidad necesarias para propiciar Entendimiento”.
En reacción a tales afirmaciones, integrantes del equipo de la alianza rechazaron lo afirmado por sus contrapartes del gobierno,
José Pallais, integrante del grupo, declaró, a periodistas, que el gobierno mantiene una conducta contradictoria, entre su discurso en la mesa negociadora, y sus declaraciones públicas.
“Hay una contradicción, un lenguaje, de los comunicados, que trata de descalificar (…) que sustituyan a los miembros de la alianza, como interlocutores”, pero ocurre “una actitud, a veces, constructiva, en la mesa”, por lo que “hay esa discordia entre la realidad y el lenguaje, y no sabemos qué pasa”.
El dirigente de la ACJD atribuyó esa situación a una posible división dentro de la conducción del régimen.
“Pudiera haber una división a lo interno del gobierno, tal vez (en) la mesa, aquí, responde a una línea, y los comunicados responden a otra, pero esas cosas están en lo interno del gobierno, y se manejan con gran secretividad”, reflexionó.
Las negociaciones gobierno-ACJD iniciaron el 27 de febrero, ocho meses después de suspendido el diálogo inicial para buscar solución a la dramática situación nicaragüense.
Las primeras conversaciones, entre el gobierno y una considerablemente más amplia representación opositora, fueron inicialmente promovidas por el régimen de Ortega, con cinco de los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) constituidos en Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Instalado el 16 de mayo de 2018 –casi un mes después de iniciada la crisis-, aquel diálogo quedó suspendido en junio, a causa de las profundas desavenencias entre las partes, y en medio de severos cuestionamientos de Ortega a los obispos, a quienes acusó de haber sido parte de la denunciada conspiración golpista.
Estallada el 18 de abril de 2018, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones antiopositoras se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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