George Rodríguez EP. Algo más de quinientos gobernadores y fiscales generales de estados, alcaldes y otros funcionarios municipales de Estados Unidos exhortaron, este lunes, al Congreso de ese país, la aprobación de legislación que otorgue protección permanente y facilite la ciudadanía estadounidense a inmigrantes acogidos a programas especiales.
Se trata de personas cubiertas como programas tales como Desarrollo, Asistencia, y Educación para Menores Extranjeros (Development, Relief, and Education for Alien Minors, DREAM), y Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS), indicaron en una declaración.
Los firmantes expresaron preocupación ante la disposición, reiteradamente manifestada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de limitar o suspender esas políticas.
Desde su llegada, hace algo más de dos años, a la presidencia estadounidense, Trump, un tenaz adversario de la inmigración indocumentada, ha amenazado con suspender o limitar programas tales como DREAM –sigla que forma la palabra que, en español significa “soñar”- o Acción Diferida para Llegadas de Niños (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), y ha anunciado la suspensión del TPS para miles de inmigrantes salvadoreños y hondureños, entre otros.
“Los abajo firmantes (…) estamos unidos en creer que ha llegado el momento para que el Congreso apruebe protección permanente y una ruta a la ciudadanía para los Soñadores (Dreamers) y beneficiarios de programas que el Estatus de Protección Temporal (TPS)”, plantearon en el texto de cuatro extensos párrafos.
Los funcionarios de diferentes estados del país destacaron el aporte, de esos inmigrantes, a las comunidades estadounidenses.
“Estos individuos y sus familias desempeñan un papel integral en nuestras comunidades, y realizan importantes contribuciones a nuestras escuelas, lugares de trabajo, y nuestra prosperidad compartida como nación”, señalaron, además de asegurar que “en estados y localidades a lo largo de este gran país, Soñadores y titulares del TPS están ayudando a construir un mejor Estados Unidos”.
A manera de ejemplo, indicaron que desde la creación, en 2012, de DACA, ha beneficiado a más de ochocientos mil jóvenes inmigrantes, quienes han incidido favorablemente en las comunidades donde se establecieron.
Esos jóvenes, “han tenido una oportunidad de transformar sus vidas y de ayudar a transformar las vidas de tantas personas alrededor de ellos”, precisaron, para agregar que, “en promedio (…) llegaron al país a la edad de seis años, y, a todos los efectos, son nuestros compatriotas estadounidenses”.
Los firmantes hicieron así alusión a las dramáticas situaciones que, en general, los migrantes indocumentados dejan atrás, cuando, por ello, se ven obligados a abandonar sus respectivos países de origen.
En ese contexto, desde octubre del año pasado, decenas de miles de personas originarias del Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala, Honduras- se han desplazado, hacia el norte, cruzando territorio de México, hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la mayoría permanece, en condiciones deplorables, en ciudades mexicanas fronterizas, sin poder ingresar a territorio estadounidense, debido a que Trump ha militarizado la frontera terrestre, de 3155 kilómetros, entre ambos países.
Los migrantes –incluidos núcleos familiares con niños, y numerosas mujeres embarazadas- recorren –caminando, transportándose en camiones o en trenes de carga- los algo más de cuatro mil kilómetros que separan, al Triángulo Norte –una de las regiones más violentas, a nivel mundial-, de la frontera entre México y Estados Unidos.
Números considerables de ellos, logran, irregularmente, cruzar el límite terrestre, pero son, en general, detenidos al ingresar a territorio estadounidense, recluidos en campos de detención, y, en el caso de los grupos familiares, los menores son separados de los adultos y enviados a instalaciones alejadas.
Al testimoniar su desplazamiento hacia Estados Unidos, estos migrantes indican que decidieron abandonar sus respectivas comunidades para huir de la violencia –principalmente de pandillas y estructuras de crimen organizado-, pobreza extrema, y falta de oportunidades.
Ante las críticas –lo mismo nacionales que externas- de que es objeto por su política antinmigrante –sin perjuicio de las situaciones que motivan los desplazamientos masivos-, Trump procura justificarla al afirmar que criminales se desplazan infiltrados entre esos miles de personas.
En la declaración de este lunes, los funcionarios estadounidenses advirtieron que, “a causa de las acciones tomadas durante los dos primeros años de la administración Trump (…) estos miembros de nuestras comunidades enfrentan un futuro incierto que podría significar que pierdan su capacidad de trabajar legalmente, ser separados de sus familias, y eventualmente ser deportados del lugar que llaman hogar”.
Ello, afectaría, cruelmente, a las comunidades en las cuales esas personas están arraigadas.
“Eso sería insensatamente cruel y también horriblemente contraproducente para los intereses de nuestras comunidades, nuestros estados, y nuestro país”, advirtieron, además.
Los firmantes puntualizaron que, los beneficiarios de programas tales como DACA y TPS incluyen a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos.
“Entre ellos, los recipientes de DACA y los titulares del TPS tienen casi 500,000 niños ciudadanos estadounidenses y muchos cientos de miles de otros familiares estadounidenses quienes dependen de ellos tal como nosotros dependemos de nuestros amigos, vecinos, y seres queridos”, expresaron.
El TPS, que ha sido, históricamente, objeto de reiteradas prórrogas por períodos en general de 18 meses, permite, a los beneficiarios, permanecer y trabajar en Estados Unidos, sin perjuicio de su condición migratoria, y los protege de ser deportados.
El estatus es otorgado a personas cuyas vidas están en peligro en sus respectivos países de origen, a causa de “condiciones extraordinarias y temporales”, lo que incluye crisis en materia de seguridad, ambiental, de salud pública.
Entretanto, DACA es una política que permite, a personas adultas quienes, durante su infancia, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, evitar la deportación y optar por permisos de trabajo.
Por otra parte, DREAM permite, a menores extranjeros, optar, mediante un proceso de varias etapas, por la residencia permanente en Estados Unidos.
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