La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó la suspensión cautelar por un periodo de cuatro meses del gerente Financiero, Gustavo Picado Chacón, y de la jefa del Área de Contabilidad de Costos, Azyhadee Picado Vidaúrre.
La medida, adoptada mientras avanzan las investigaciones disciplinarias por supuestas fallas e inconsistencias en la presentación de millonarios informes contables institucionales correspondientes al ejercicio 2023, incluye un elemento que enciende nuevamente el debate público: ambos jerarcas mantendrán el goce pleno de sus salarios durante el tiempo que permanezcan alejados de sus cargos.
La decisión de la cúpula institucional se fundamenta en supuestas irregularidades en el manejo, formulación y sustento técnico de los estados financieros presentados a la Junta Directiva.
Los señalamientos apuntan a inconsistencias metodológicas y omisiones en la consolidación de los datos presupuestarios y de costos de la institución, lo que habría inducido a error al máximo órgano colegiado en la toma de decisiones estratégicas.
Suspensión con salario: la figura legal bajo la lupa
Aunque la suspensión con goce de sueldo constituye una medida cautelar ordinaria en el régimen de empleo público —orientada a evitar la interferencia de los investigados en el procedimiento administrativo sin vulnerar la presunción de inocencia—, la continuidad en el pago de los elevados salarios que devengan las jefaturas financieras de la CCSS genera fuertes cuestionamientos en momentos en que la institución enfrenta un severo déficit de gestión y financiamiento.
Esto contrasta con la situación presentada ante la suspensión de la gerente general de la Caja, Marielos Gutiérrez, cuya suspensión se dictó luego de los allanamientos por el caso barrenador, sin que en su caso, se presentara esta consideración.
A estas alturas, Gutiérrez sigue con el salario congelado, lo cual refleja un trato diferenciado a lo interno de la Caja.
Expertos en derecho administrativo recuerdan que este tipo de medidas cautelares no constituyen una sanción en sí mismas, pero representan un costo directo para el erario. En la práctica, la Caja continuará desembolsando sumas millonarias por concepto de remuneraciones a funcionarios que no estarán ejerciendo labores operativas, al tiempo que deberá recargar las funciones o nombrar sustitutos temporales para suplir la vacante en la dirección financiera institucional.
Un historial de cuestionamientos y el contexto del caso Barrenador
Tanto Gustavo Picado como Azyhadee Picado han sido figuras centrales en la controversia sobre la solidez de las cifras contables de la institución. Cabe recordar que el informe técnico elaborado por la Jefatura de Contabilidad de Costos sirvió de insumo principal para sustentar la acusación del Ministerio Público en el denominado “caso Barrenador”, causa judicial que imputó supuestos sobreprecios en la adjudicación de Ebais a cooperativas de salud.
No obstante, análisis periciales e informes forenses independientes aportados con posterioridad han cuestionado con dureza la idoneidad técnica de dicho documento, señalando que se basó en metodologías desactualizadas, omitió eficiencias operativas y aplicó normativa derogada. A ello se suma que el gerente Financiero, Gustavo Picado, ya ha enfrentado suspensiones previas en el ejercicio de sus funciones.
La apertura de estos nuevos expedientes disciplinarios y la consecuente suspensión cautelar de la cúpula financiera colocan a la CCSS ante un complejo escenario operativo: sanear la credibilidad de sus cifras contables mientras asume el costo financiero de mantener a sus principales jerarcas investigados con goce de salario en sus hogares.
