George Rodríguez EP. El proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018) recibió este martes aprobación unánime en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ahora pasa a firma presidencial, para quedar en vigencia, informó la congresista republicana cubanoestadounidense Ileana Ros-Lehtinen.
La iniciativa fue aprobada, también unánimemente, el 28 de noviembre, por el Senado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, cuenta con 10 para firmar el texto.
La ley resultó de la fusión de los proyectos S. 2265 -Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act), más conocida como NICA ACT, y S. 3233 -Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018)-, en calidad de enmienda.
El primero, fue impulsado, principalmente, por Ros-Lehtinen, mientras que la promoción del segundo fue encabezada por el senador republicano Bob Menéndez.
“Gracias a mis colegas en la Cámara por pasar una vez mas mi #NICAAct. El Congreso de los #EEUU no permitirá q el despota d #Ortega continue con abusos y represión. Régimen deberá rendir cuentas. Ahora el proyecto espera la firma del Presidente!”, escribió la legisladora, en la red social Twitter.
Además, en un comunicado, Ros-Lehtinen vaticinó que la legislación beneficiará a los nicaragüenses, a quienes describió como controlado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
“Con la aprobación final de la Ley NICA enmendada, el Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos. En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”, aseguró.
La NICA ACT fue aprobada, en octubre de 2017, por la Cámara de Representantes, y, por reciente decisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue fusionada con el otro proyecto de ley, versión aprobada por la cámara alta del Poder Legislativo estadounidense.
Los componentes clave de la nueva versión incluyen respaldo para una solución negociada a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada hace más de siete meses, lo que implica el compromiso para adelantar las próximas elecciones -originalmente programadas para 2021-.
También comprenden la aplicación de sanciones selectivas a jerarcas gubernamentales a quienes se señale como responsables, entre otros hechos, de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Además, apuntan a lograr restricciones en materia de créditos para el gobierno de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales, exceptuando financiamiento para proyectos de promoción de la democracia y de índole social, de acuerdo con la información oficial.
La legislación, ahora a la espera de la firma presidencial, se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
