San José.- La concentración de líneas de autobuses en el país es una clara evidencia que pasa a vista y paciencia de entidades reguladoras como el Consejo de Transporte Público (CTP), reflejando el poco orden administrativo y los vacíos legales que permiten estas irregularidades.
Ante esto, tres diputados del partido Frente Amplio investigan una serie de incumplimientos por parte de empresas autobuseras que se cobijan bajo la figura de sociedades anónimas y supuestas cooperativas, para engancharse de los beneficios que este tipo de representación legal.
Así lo asegura la diputada de esta fracción, Rocío Alfaro, quien dijo encontrarse solo “la punta del iceberg”, al descubrir la inmensa red de familias que concentran la mayoría de las rutas autobuseras distribuidas a lo largo y ancho del país.
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Alfaro, dice encontrar “una enorme cantidad de rutas que están siendo concentradas en la GAM, efectivamente por clanes familiares. Algunos se presentan bajo sociedades diferentes, y también bajo el maquillaje de ser cooperativas”, de las cuales, una vez obtiene la información de a quiénes pertenece, “se vuelve a encontrar el mismo patrón, que son familias. Incluso los casos son una o dos personas, o sea, poniendo en evidencia que no es cierto que es una cooperativa”, agregó.
Esto lo refuerza un estudio hecho por la Universidad de Costa Rica en el 2019, publicado por Semanario Universidad, donde revela que 355 operadores de rutas de autobuses se cubren bajo una nebulosa legal que permite a los operadores concentrar la mayor parte de los ingresos del servicio público.
Algo que la misma diputada asegura al decir que esto “es lo que nos ha permitido señalar abiertamente de que hay una tendencia de oligopolio, un compadre hablado, porque son datos a la vista, o sea, el CTP tiene a la vista esta situación y está dando las rutas, e igual les permite a los mismos concesionarios sabiendo que tiene un control de muchas rutas un comportamiento lejano de lo reglamentado”, mencionó.
Negligencia por todo lado
Pese a que la investigación de los diferentes despachos se encuentra en curso, las conclusiones son más que claras en cuanto a una aparente corrupción por parte de las diferentes instituciones del Estado con los empresarios.
Alfaro, alude a que “hay un alto grado de negligencia de parte de la función fiscalizadora del CTP, pero también hay un favorecimiento”, señala.
La misma Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), ha insinuado que el CTP actúa a favor o en defensa cuando existe influencia de las empresas. Ha insistido más de una que la ampliación de los consorcios operativos y concesiones favorece las grandes transportistas, dicho en el documento Opinión 024-2021.
Pese a las advertencias que hizo el ente adscrito al Ministerio de Economía, el Consejo rechazó las recomendaciones, según señalaron.
La diputada mencionó que la manera en que se regula la fiscalización de los servicios es parte de la negligencia evidente en la entidad reguladora junto con las empresas.
“Antes las poblaciones eran más participativas, en este momento, lo que hay son audiencias públicas que no tienen carácter vinculante. La población puede dar todos los datos de queja y finalmente a la empresa se le da potestad de contestar, y lo que sea que conteste es lo que se da por válido”, indicó Alfaro.
Según relató, las empresas emiten una auto fiscalización, como la cantidad de pasajeros para definir la tarifa, que al final el CTP acepta, pero trabajos hechos por comunidades organizadas revelan otros datos que no favorecen a la empresa encargada. “Entonces nos parece que hay una negligencia tan evidente que sospechamos que hay un compadrazgo”, concluyó la diputada.
