Por Pedro Muñoz.
Exdiputado de la República (2018-2022) por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La reforma judicial no se entiende en abstracto. Se entiende siguiendo dos cosas: poder y dinero. El poder está en la cúspide. El dinero lo revela todo.
Si los magistrados son, en la práctica, vitalicios, se creen impunes. Y esa impunidad se extiende a sus amigos y aliados dentro del Poder Judicial. Por eso, cambiar la forma de reelección de los magistrados no es una reforma más: es el principio de cualquier reforma seria.
Este diagnóstico no apareció por casualidad. En 2018, el PUSC impulsó el expediente 20.893 para reformar el artículo 158 constitucional y romper la reelección automática. Punto.
Ahora, veamos la plata. En 2025 el Poder Judicial tuvo un presupuesto de ₡521.023 millones. La propia explicación pública reconoce que el 81% se destina a remuneraciones y gasto ordinario. Y el desglose por grandes componentes ubica cerca de un 19% en administración, frente a un 35% en servicio jurisdiccional y un 23% en OIJ.
En 2024 se dijo que casi 90% del presupuesto se va a salarios y servicios del personal. En 2026, el presupuesto propuesto fue de ₡532.837 millones, con un aumento de apenas 0,2% y sin nuevas plazas. En simple: la rigidez manda.
¿Qué pasa cuando el presupuesto es rígido y la cúspide es impune? Pasa lo predecible: se protege la estructura, se aplazan cambios y se posterga lo que sí percibe la ciudadanía: tiempos, rezago, calidad y acceso.
La ley 24.943 ya fue aprobada y obliga a rendir cuentas. Bien. Pero rendir cuentas no es llenar papeles. Tiene que ser útil, medible y orientado a mejorar la justicia. Si no hay indicadores, no hay consecuencias.
La reforma judicial empieza donde duele: cambiar la reelección de magistrados.
