La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió una investigación contra Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), y Ileana Rodríguez Quirós, directora jurídica de la institución. Ambos son señalados por presuntamente maniobrar para favorecer a la empresa SGSV en un contrato para operar estaciones de pesaje en carreteras nacionales.
La pesquisa también alcanza a los brasileños Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez Leandro, representantes de la firma extranjera. Según la denuncia, mediante adendas al contrato, la compañía aseguró pagos cercanos a los $450 mil.
El Conavi entregó la administración de estaciones de control de pesos y dimensiones a través de Racsa, que a su vez trasladó la operación a SGSV. El contrato, firmado inicialmente en 2012, ha recibido múltiples adendas que ampliaron su alcance en rutas como la 27 y la 2, pese a advertencias internas sobre su falta de viabilidad financiera.
De acuerdo con el Ministerio Público, se indaga un posible delito de influencia contra la Hacienda pública, que implica usar el cargo para dirigir decisiones en perjuicio del interés general. La pena incluye prisión y varía según la jerarquía del implicado.
El documento señala un presunto uso abusivo de la figura de contratación por excepción, vínculos familiares entre exfuncionarios y empresarios, y sospechas de precios irregulares. También denuncia que la práctica de usar a Racsa como intermediaria ha sido recurrente en esta administración.
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Racsa: afirmó que no ha recibido notificación oficial de la Fiscalía.
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SGSV: rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de sus contratos, indicando que ha trabajado con Racsa “desde hace tres administraciones con éxito”.
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Conavi: se limitó a señalar que la contratación data de 2012 y que no puede referirse al caso por estar judicializado.
La investigación avanza bajo la causa 25-000328-1218-PE.
