Ely Padra | EP. La Fiscalía General informó este lunes que las magistradas de la Sala Tercera (Casación), Doris Arias y María Elena Gómez, son investigadas por presunto delito de tráfico de influencias en la anulación de un castigo en su contra.
El organismo detalló que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia suspendió por dos meses a las funcionarias, sin embargo, presentaron una apelación ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en cuestión de horas anuló el castigo.
Tras conocer ese fallo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió de oficio una investigación contra el juez contencioso administrativo Godínez Prado, para determinar si cometió delito de prevaricato (firma de resoluciones contrarias a la ley).
La Fiscalía informó hoy que a la causa contra el juez, unió a las dos magistradas para investigar si incurrieron en el delito de tráfico de influencias para anular el castigo.
“Como parte de las diligencias de investigación, la Fiscalía solicitará hoy a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la apertura del teléfono celular decomisado al funcionario Godínez”, indica un comunicado oficial.
Las dos magistradas fueron primero sancionadas por escrito hace dos semanas junto a dos magistrados más de la Sala Tercera: Jesús Ramírez y Carlos Chinchilla, quien para la fecha era presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La sanción se debió a que no estudiaron un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) antes de acoger la solicitud de una fiscal para desestimar una causa contra dos exdiputados relacionada al caso de supuesta corrupción y tráfico de influencias conocido como “el cementazo”.
El 16 de julio anterior el magistrado Chinchilla se acogió a su jubilación en medio de la polémica.
Ese mismo día, la Corte Suprema, ya sin Chinchilla en el cargo, anunció que había cometido un error de procedimiento y realizó una nueva votación, en la que acordó ampliar la sanción contra los cuatro magistrados a dos meses de suspensión.
Fue entonces cuando las magistradas Doris Arias y María Elena Gómez decidieron apelar.
Arias y Gómez han manifestado que en el caso por el que fueron sancionadas, su análisis y decisiones se basaron en el conocimiento técnico y que en sus razonamientos nunca mediaron intereses políticos ni de ninguna otra naturaleza, y que tampoco han cometido actos corruptos.
