George Rodríguez EP. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó este viernes, al Estado nicaragüense, la creación de una fiscalía que investigue los hechos de violencia enmarcados en la crisis sociopolítica que hace algo más de seise meses afecta ese país.
La propuesta deriva de la falta de independencia del sistema penal nicaragüense, indicó el Giei, en un comunicado.
“El GIEI considera que, ante la demostrada ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia”, señaló el equipo de trabajo de la OEA.
La idea consiste en que la fiscalía sea una estructura verdaderamente autónoma e independiente, cuyo personal sea seleccionado según cánones internacionales.
“La Fiscalía Especial debe reunir las condiciones de autonomía e independencia necesarias conforme los estándares internacionales y ser dotada de fiscales debidamente seleccionados que gocen de un prestigio indudable y del consenso de la mayor parte de los sectores de la sociedad civil nicaragüense”, aseguró el equipo de trabajo de la OEA.
El Giei ofreció, además, el asesoramiento técnico que facilite la creación de la fiscalía propuesta.
“La Fiscalía Especial debería ser creada mediante una ley o conforme lo contempla el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como forma de ‘garantizar la independencia de los Fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal’. El GIEI ofrece su disponibilidad y asesoría técnica para facilitar la creación de dicha Fiscalía Especial”, de acuerdo con lo indicado en el comunicado.
En ese sentido, en un mensaje que difundió en la red social Twitter, acompañado por el comunicado del Giei, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó, al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a aceptar lo recomendado por el equipo de expertos.
“Secretaría General de @OEA_oficial hace suyo el informe del #GIEINicaragua y solicita a Gobierno de #Nicaragua acepte recomendación de creación de una Fiscalía Especial para la investigación de la violación sistemática y reiterada de #DDHH denunciada por el Grupo de Expertos”, escribió Almagro, un ex canciller uruguayo.
El Giei fue creado mediante acuerdo entre la OEA y el régimen de Ortega, documento suscrito el 30 de mayo, en la sede de la entidad continental, en Washington.
La designación de los cuatro integrantes del grupo –Sofía Machner, Claudia Paz y Paz, Amerigo Incalcaterra, Pablo Parenti- correspondió a Almagro, a partir de propuestas formuladas por la CIDH.
Según lo indicado en el texto, el GIEI tiene “la finalidad de coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para la investigación de los hechos de violencia, y, entre otros cometidos, debe “analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica, de conformidad con la legislación nicaragüense”.
El grupo tiene plazo inicial de trabajo de seis meses, aunque el mandato es prorrogable según se considere necesario.
El acuerdo de cuatro páginas fue firmado por Almagro, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, y el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão.
La creación del GIEI se enmarca en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril y que, hasta ahora, presenta saldo de por lo menos 528 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega lo mismo que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
