George Rodríguez EP. Un cronograma para el proceso de reforma electoral en Nicaragua fue presentado, este miércoles, a representantes gubernamentales y de oposición, informó el experto electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cristóbal Fernández.
La presentación se llevó a cabo durante una reunión informativa con ambas partes, dijo Fernández, jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, en breves declaraciones a periodistas, luego del encuentro.
Por su parte, la representación de la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), mantuvo la posición de exigir el adelanto de las próximas elecciones, programadas para llevarse a cabo en 2021.
Asimismo, la delegación del régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reafirmó la posición de no abordar, en el presente proceso de negociación, el tema del anticipo electoral.
Ambas delegaciones desarrollan un complejo proceso negociador –actualmente estancado- con miras a dar solución pacífica a la violenta crisis sociopolítica que hace un año afecta a Nicaragua.
“Fue una reunión informativa, donde se comunicó, a los miembros de la mesa (de negociación), el cronograma, para efectos de emprender el proceso de reforma”, declaró Fernández, a medios locales, luego del encuentro.
En declaraciones por separado, José Pallais, integrante del equipo negociador de la ACJD, indicó que, durante el diálogo con Fernández, la agrupación opositora mantuvo la exigencia respecto a los comicios.
“La posición de la Alianza Cívica, que la dejamos meridianamente clara (en la reunión)” consiste en “continuar insistiendo en la necesidad de un anticipo electoral”, subrayó Pallais.
Con igual firmeza, el jefe de la delegación negociadora gubernamental, canciller Denis Moncada, ratificó la decisión del régimen orteguista de no alterar el calendario electoral.
“No vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones, en la mesa de negociación”, indicó Moncada, un militar retirado, quien, a continuación preguntó “por qué?”, y, de inmediato, respondió que “porque hay una Constitución que define, claramente, los períodos electorales, en Nicaragua, y, este período electoral, el presidente Ortega ha sido electo, por una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, hasta 2021”.
En una Nota de Prensa emitida tras el encuentro con el experto de la OEA, la delegación gubernamental precisó las áreas temáticas centrales del planteamiento de Fernández.
Se trata de lo que el grupo negociador oficialista describió como tres ejes principales, describiéndolos como “1. Propuesta de Reformas Electorales; 2. Apoyo Técnico al Consejo Supremo Electoral; 3. Implementación de Recomendaciones Técnicas al CSE (Consejo Supremo Electoral)”.
La reunión de Fernández con ambas representaciones contó, asimismo, con la presencia de los dos testigos y acompañantes internacionales de la negociación, el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag –representante del Vaticano-, y Luis Ángel Rosadilla -representante de la Secretaría General (SG) de la OEA-.
El encuentro se enmarcó en la dramática situación que golpea, hace un año, al país centroamericano.
Estallada el 18 de abril, la violenta crisis sociopolítica nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien, y se adelante la votación que está prevista para 2021.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
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