George Rodríguez EP. Siete ex presidentes de Costa Rica dirigieron al secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, que impulse una solución pacífica a la violenta crisis sociopolítica que hace casi tres meses afecta a Nicaragua.
Si se prolongarse, la situación podría dar lugar a una guerra civil en ese país centroamericano, advirtieron los ex mandatarios Oscar arias (1986-1990, 2006-2010), Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Abel Pacheco (2002-2006), Laura Chinchilla (2010-2014), y Luis Guillermo Solís (2014-2018).
Los ex gobernantes representan a tres organizaciones políticas –el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (Arias, Figueres, Chinchilla), el centroderechista Partido Unidad Social Cristiana (Calderón, Pacheco, Rodríguez), y el centroizquierdista Partido Acción ciudadana, actualmente en el poder (Solís)-.
“Solicitamos su valiosa intervención para que Naciones Unidas (…) intervenga para promover una solución que restablezca –a la brevedad posible- la paz y la democracia en Nicaragua”, expresaron los dirigentes, y señalaron que “su posición como Secretario General de Naciones Unidas y su valiosa y ejemplar experiencia sobre el sufrimiento de los desplazados como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo sitúan en inmejorable posición para apreciar el dolor humano que generan estas circunstancias y los graves riesgos que ellas implican”.
De continuar, la situación de violencia que convulsiona a Nicaragua plantea, para ese país, el riesgo de guerra civil, lo que afectaría al resto de Centroamérica, reflexionaron.
“La continuación de la violencia en Nicaragua podría muy bien desencadenar una nueva guerra civil en esa nación con enorme sufrimiento para sus habitantes, con enorme perjuicio para el resto de Centroamérica y poniendo en grave riesgo la estabilidad y la paz de otros países de la región”, escribieron, en el texto de tres páginas fechado el 15 de julio y difundido un día después.
Los firmantes hicieron así referencia a la lucha armada (1961-1979) del entonces guerrillero y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y a la guerra (1982-1990) contra la Fuerza Democrática Nicaragüense, financiada por Estados Unidos en un intento por derrocar al gobierno revolucionario (1979-1990) del FSLN.
Los ex gobernantes costarricenses señalaron, además, que la renuencia del presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, a adelantar, al año próximo, las elecciones programadas para 2021, sumada a la persistencia en el uso de violenta represión policial y parapolicial antiopositora, plantea un riesgo para la continuación del actualmente interrumpido Diálogo Nacional.
Promovido por el gobierno, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, el diálogo, que fue instalado el 16 de mayo, se ha mantenido esencialmente interrumpido.
“La decisión (…) del Presidente Daniel Ortega de no aceptar la propuesta de adelanto de elecciones y la continuación de la violencia de la policía y de turbas para-policiales matando manifestantes en diversas ciudades de Nicaragua, torna muy impredecible la continuación del dialogo en ese país, y hace difícil prever un cese a la violencia”, señalaron los ex mandatarios.
También precisaron que la tradición democrática y pacifista de Costa Rica es la base sobre la cual apoyan la solicitud a Guterres.
“Nuestro país tiene una larga tradición de democracia y libertad, desarme, apoyo a la protección internacional a los derechos humanos -incluyendo el derecho a vivir en una democracia- y apoyo al multilateralismo. Ello nos mueve a expresar a usted nuestra preocupación por la muy dolorosa situación que se vive en la hermana y vecina Nicaragua”, aseguraron.
También advirtieron al funcionario de Naciones Unidas respecto al riesgo de una inminente crisis migratoria regional, ante la perspectiva de un masivo éxodo de nicaragüenses huyendo de la violencia.
“Nuestros consulados en Nicaragua no dan abasto para atender los cientos de solicitudes diarias de visa. Costa Rica ya ha recibido más de diez mil solicitudes de refugio, se ha registrado un considerable crecimiento en el flujo migratorio de hermanos nicaragüenses mediante los recursos ordinarios o evadiendo el control migratorio institucional”, por lo que “estamos a la puerta de una nueva crisis humanitaria regional”, plantearon.
Centroamérica registró, desde finales de 2015 hasta inicios de 2016, una crisis humanitaria cuando migrantes indocumentados cubanos, en ruta por la región hacia México y Estados Unidos, se vieron impedidos de avanzar cuando el gobierno de Ortega les cerró la frontera terrestre de 309 kilómetros que Nicaragua y Costa Rica comparten.
Los ex presidentes manifestaron el hecho de que, en la presente escalada de violencia, “el pueblo de Nicaragua requiere de todos los esfuerzos para recuperar su estabilidad”.
La carta fue conocida horas antes de que Guterres y el presidente costarricense, Carlos Alvarado, se reúnan en San José, la capital de Costa Rica, y un día después de que los 10 integrantes de la CEN emitieron un Mensaje Pastoral en el que señalaron que la violación a los derechos humanos que viene registrándose en Nicaragua, no tiene precedente.
“Hoy, como nunca, los Derechos Humanos están siendo violentados en Nicaragua”, aseguraron, los líderes católicos, quienes puntualizaron que, “en los últimos días se ha recrudecido la represión y la violencia por parte de los paramilitares pro-gubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente”, y lamentaron las víctimas fatales, los heridos que la violencia ha generado.
La represión y la violencia llevadas a cabo, por fuerzas policiales, grupos paramilitares y civiles progubernamentales armados, contra manifestantes opositores, se han agudizado, señalaron los 10 integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en un Mensaje Pastoral.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis ha implicado una escalada de violencia policial y para policial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En casi tres meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado más de 350 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daños infraestructurales y económicos.
