En lo que representa una de las escaladas diplomáticas y económicas más severas de los últimos años, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció hoy una ofensiva frontal contra la estructura financiera de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega, a otras cinco personas y a siete empresas vinculadas al sector del oro en el país. Entre los sancionados se encuentran Daniel Edmundo y Maurice Ortega Murillo. Así como Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía y Minas.
Según el comunicado de prensa «Desde 2020, la dictadura ha reestructurado el sector aurífero, transformándolo en una compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñados para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio».
También le acusan de haber «consolidado continuamente su poder ilegítimo en manos de la familia presidencial, designando a sus hijos como funcionarios para llevar a cabo sus objetivos dinásticos».
«Exigimos a la dictadura que respete la propiedad privada, libere incondicionalmente a todos los presos detenidos injustamente y restablezca una gobernanza sólida», dice el comunicado oficial.
Confiscación a empresa estadounidense
La medida responde directamente a la reciente confiscación de la empresa minera estadounidense BHMB Mining en Palacagüina, cuyos activos fueron transferidos ilegalmente a intereses de capital chino.
«Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos estadounidenses», sentenció Bessent a través de sus redes sociales. El Secretario fue enfático al señalar que el régimen utiliza estos recursos para «generar fondos que le permitan mantener su poder político», advirtiendo que Washington seguirá atacando las fuentes de ingresos que fortalecen la corrupción en Managua.
Un golpe al corazón de la economía del régimen
Esta respuesta de la administración Trump ocurre apenas un mes después de que la Procuraduría General de la República de Nicaragua, dirigida por la sancionada Wendy Morales, consumara el robo de la planta procesadora de BHMB Mining, valorada en 80 millones de dólares. Lo que analistas califican como un «suicidio geopolítico», el régimen entregó dichas instalaciones a la firma china Zhong Fu Development, confirmando su intención de sustituir la inversión occidental por capitales de Beijing.
El factor Richard Grenell
La gravedad de la situación ha escalado a los niveles más altos del Consejo de Seguridad Nacional. Richard Grenell, enviado especial y figura clave en la estrategia de política exterior de la Casa Blanca, calificó la acción como «inaceptable».
La intervención de Grenell es leída por expertos en Washington como una señal de que Nicaragua ha pasado a ser una prioridad de seguridad nacional. El abogado Jason Ian Poblete, quien ha seguido de cerca el caso, advirtió que estas acciones «anárquicas» tendrán consecuencias severas, sugiriendo que la era de la impunidad para el despojo de capitales estadounidenses ha terminado.
¿El fin del CAFTA-DR y el colapso del oro?
El panorama para Nicaragua es sombrío. El sector minero, que en 2025 generó ingresos por 2,000 millones de dólares, se encuentra ahora bajo un asedio legal y financiero que podría paralizar las exportaciones hacia su principal socio comercial.
Fuentes en Washington sugieren que la Casa Blanca evalúa seriamente la exclusión definitiva de Nicaragua del tratado comercial CAFTA-DR.
Al convertir a Nicaragua en una «base operativa» para potencias rivales como China, Ortega ha unificado el criterio de republicanos y demócratas sobre la necesidad de asfixiar financieramente al régimen.
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