George Rodríguez EP. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó, este viernes, que decidió sancionar a cuatro allegados al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Se trata del presidente de la Asamblea nacional (parlamento unicameral), Gustavo Porras, los ministros de Salud y de Transporte e Infraestructura, respectivamente, Sonia Castro y Oscar Mojica, y el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, indicó el departamento, en un extenso comunicado.
Los cuatro fueron designados, por el departamento, a través de su Oficina de Control de Bienes Foráneos (Office of Foreign Assets Control, OFAC), para sanciones, en el marco de la Orden Ejecutiva (Executive Order, EO) 13851, y los dos primeros, además, según la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (#Nicaragua Human Rights and Anti-corruption Act of 2018) –más conocida como Nica Act-, de acuerdo con la información oficial.
“La acción de hoy se enfoca en autoridades gubernamentales nicaragüenses quienes persiguen a los ciudadanos nicaragüenses quienes ejercen sus libertades fundamentales, aplican leyes represivas, silencias a los medios informativos, y niegan asistencia médica al pueblo nicaragüense”, explicó el departamento.
También detalló las consecuencias de la decisión.
“Como resultado de las acciones de hoy, cualquier propiedad o interés en propiedad de estas personas, y de cualquier entidad de las que estas personas sean propietarias directas o indirectas, en 50 por ciento o más, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben comunicarse a la OFAC”, agregó el Departamento del Tesoro.
En ese sentido, los ciudadanos estadounidenses tienen, además, prohibido realizar transacciones con esas propiedades, planteó, además.
“Las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción, por parte de personas estadounidenses dentro de –o en tránsito por- Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas bloqueadas o designadas”, precisó.
Por su parte, citado en el texto, el subsecretario del Tesoro para Inteligencia sobre Terrorismo y Financiera, Sigal Mandelker, precisó, más explícitamente, las razones de la sanción.
“El gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense, implementando leyes explotadoras y violentas, y manteniendo a centenares de personas como presos políticos”, por lo que “Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco, al presidente Ortega y su círculo más cercano: estamos junto al pueblo nicaragüense en sus reclamos de reforma y de regreso a la democracia”, expresó.
El gobierno estadounidense actuará, decididamente, contra cualquier fuente de apoyo al gobierno orteguista, advirtió, además.
“No dudaremos en tomar acción contra aquellos quienes perpetúen la opresión o apoyen al régimen de Ortega, a expensas del pueblo nicaragüense”, aseguró.
Las medidas fueron anunciadas dos días después de que la subsecretaria de Estado norteamericana Kimberly Breier advirtió, en mensajes en la red social Twitter, que el gobierno de Estados Unidos seguirá presionando al régimen orteguista, para que responda por sus violaciones a los derechos humanos.
Desde el año pasado, el gobierno estadounidense ha sancionado a una docena de allegados a Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y un hijo de ambos.
Nicaragua es, desde el 18 de abril de 2018, escenario de la violenta crisis sociopolítica que ha generado centenares de víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente, a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como cualquier otra expresión de oposición, han sido objeto de fuerte represión por parte de agentes policiales –principalmente, antidisturbios- y fuerzas parapoliciales actuando en conjunto.
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