George Rodríguez EP. La condición imprescindible para que Estados Unidos y la comunidad internacional negocien con el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es el cese de la violencia, aseguró el embajador estadounidense en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), mediadora en el Diálogo Nacional que procura la paz en el país centroamericano, señaló, al convocar para el 25 de junio a la reanudación de la labor de las Mesas de Trabajo en las negociaciones, que aguarda la respuesta de Ortega al planteamiento que le formuló respecto al adelanto de elecciones.
“Si el Gobierno es responsable de la violencia, el primer paso para cualquier negociación con la comunidad internacional y con los Estados Unidos es que antes debe parar la violencia. Cuando se pare la violencia podemos empezar las negociaciones”, dijo Trujillo en declaraciones al diario nicaragüense La Prensa.
La realización de esas negociaciones, por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su contraparte nicaragüense, no implicaría abandonar el tema de Nicaragua, aseguró el diplomático.
“La situación de Nicaragua ya está abordada aquí en la OEA y por muchos países y va a seguir la conversación para abordar la situación del pueblo de Nicaragua”, ya que esto “no es un interés, es un compromiso”, planteó Trujillo.
El embajador agregó que, en el marco de la OEA, el abordaje del tema inició el 22 de junio, con la presentación, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Consejo Permanente de la OEA, del informe basado sobre la visita de una misión de la CIDH, en mayo, a Nicaragua, para monitorear, en el terreno, el estado de las garantías fundamentales en el país.
En el documento de 91 páginas titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, la comisión aseguró que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad personal, entre otros, en el marco de la violenta crisis política estallada el 18 de abril, con saldo provisional superior a 200 víctimas fatales, así como de miles de heridos, detenidos y desaparecidos, fruto principalmente de represión policial y parapolicial contra opositores.
Trujillo dijo que “comenzamos con el informe de la CIDH. La semana que viene vamos a buscar una resolución (del Consejo Permanente), una resolución sobre Nicaragua, vamos a seguir hacia adelante. El tema no es si negociamos o no negociamos y se paró la conversación (el diálogo nacional). Puede ser que se pare la conversación con el Gobierno, pero la causa del pueblo nicaragüense va a seguir hacia adelante”.
Al reafirmar la necesidad del cese de la violencia –de la responsabilizó al gobierno-, para el inicio de conversaciones como las que mencionó, el embajador expresó que los nicaragüenses opositores deben sentirse seguros al manifestarse, y que sea posible demandar al gobierno sin temor a represalias.
“Estamos sumamente preocupados por el pueblo nicaragüense, por los estudiantes, por los religiosos, por las personas que están siendo torturadas, asesinadas, y esas personas (responsables) van a ser juzgadas”, indicó Trujillo, quien reafirmó que “antes de cualquier diálogo, antes que empecemos cualquier plática sobre lo que está sucediendo, tiene que parar la violencia”, y volvió a plantear que “nosotros queremos contribuir con la pacificación del país, la violencia tiene que parar, sabemos que el Gobierno es responsable por la violencia”, tal como quedó demostrado en el informe de la CIDH.
El embajador señaló, asimismo la contradicción entre las expresiones de Ortega, en cuanto a que aspira a la pacificación del país, y la represión antiopositora, llevada a cabo por efectivos policiales –en particular, fuerzas antimotines con armas de alto calibre- y simpatizantes gubernamentales armados.
“Vemos que Ortega dice una cosa pero la respuesta es otra”, indicó Trujillo –quien la semana pasada se reunió, en Managua, la capital nicaragüense, con el gobernante-, y destacó que “la respuesta del Gobierno desde los últimos 65 días, que llevamos en esto, ha sido responder con violencia, es algo que tiene que parar, nosotros no podemos negociar y hacer acuerdos con la sociedad civil, la Iglesia y el Gobierno mientras las personas sean masacradas en las calles, es algo que le pedimos al Gobierno”, que “es responsable por muchas de las masacres que han sucedido”.
Entretanto, en un comunicado que emitió el 23 de junio, la CEN reiteró su plena disposición a mantener el esfuerzo de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional.
Sin embargo, aseguró que “vemos imprescindible, que para agilizar nuestra labor en favor de los nicaragüenses, sin excepción, se nos hace necesario” que Ortega “nos comunique oficial y formalmente su aceptación a la propuesta que recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentáramos el jueves 07 de Junio, sobre las elecciones generales anticipadas, para marzo del 2019”.
Esa aceptación permitirá el ágil desarrollo de las sesiones de las Mesas de Trabajo y los debates plenarios del diálogo, labores que, de momento, están suspendidas.
Los 10 obispos convocaron, asimismo, en el comunicado, a las Mesas de Trabajo, a sesionar el 25 de junio –tres días después de la presentación del informe de la CIDH-.
La CEN planteó, la semana pasada, que, para reiniciar el trabajo de las mesas y el debate plenario, era conveniente esperar al informe.
