La Comisión Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos, recibió en audiencia a Javier Mora, José Pablo Chaves y Adriana Barrantes para que se refieran al contrato de la empresa Madison Revolución S.A. y sus subsidiarias con el Partido Progreso Social Democrático, quienes señalaron que los pagos por servicios venía desde el fideicomiso ATA Trust Company.
El diputado del Partido Liberación Nacional, Francisco Nicolás, mostró un video donde salía el presidente de la República en el Estadio Nacional realizando una invitación al pueblo para votar por el. Nicolás consultó a los representantes de Madison Revolución sobre si se les pagó el video, la pauta y mediante qué cuenta.
«El video no ha sido pagado (por eso se da la demanda hacia el PPSD), el video circuló entre el 5 y 7 de septiembre; y se pagó la pauta del mismo con el fideicomiso ATA Trust Company», señalaron los representantes.
El legislador del Frente Amplio, Ariel Robles, enumeró una gran cantidad de trabajos realizados por parte de Madison Revolución S.A. hacia el PPSD. «¿Todos estos pagos fueron pagados con el fideicomiso de ATA Trust Company?», consultó Robles, a lo que los representantes indicaron que así fue. «Sofía Agüero fue quien nos indicó que se realizaron los cobros mediante esa cuenta», señaló Barrantes.
Por su parte, Fabricio Alvarado del Partido Nueva República, consultó el por qué se rompieron las relaciones entre la empresa y el PPSD. «La situación fue insostenible, primero porque nos debían dinero, pero el 30 de septiembre que se terminaron las relaciones se estaba presentando un tema donde por los presuntos casos de acoso del candidato, nos estábamos exponiendo ante otros clientes y parte de nuestro personal».
La diputada oficialista, Pilar Cisneros, realizó una serie de consultas, donde los representantes de Madison Revolución Company indicaron que ningún contrato fue directamente con ella, por lo cual no habían órdenes de ella, solo como apoyo en temas de comunicación, ya que era la que aprobaba esos temas.
En una segunda ronda de intervenciones, Ariel Robles, señaló sentirse alegre porque una personas como Pilar Cisneros estaría en la operación de «cada uno salve su pellejo», puesto a que en su intervención el legislador consideró que con las consultas de la oficialista, la misma estaba desmarcándose de las acusaciones.
Igualmente en una segunda ronda, Francisco Nicolás, consultó si se trató de llegar a un tipo de arreglo con el PPSD. «Realizamos reuniones para llegar a un acuerdo, pero no fructificaron, donde estuvieron Mayuli Ortega y Calixto Chaves». Ortega está relacionada ante una presunta solicitud al perfil Piero Calandrelli para generar ataques al mismo PPSD.
Cisneros señaló que el 19 de septiembre del 2022 fue la última vez que Madison Revolución S.A., cuando aún podían recibir pagos del fideicomiso ATA Trust Company, ya que hasta esa fecha se dio la oficialización de Rodrigo Chaves como candidato del PPSD. Ante lo anterior, Ariel Robles manifestó que ya un fiscal había indicado que la asamblea realizada por el PPSD si era válida, por lo cual ya se sabía con anterioridad de la candidatura de Chaves; a lo que se sumaron declaraciones de Francisco Nicolás agregando que Cisneros lo que busca es enredar el tema y continuar «estirando» una mentira.
«No facturamos nada al PPSD, todo fue mediante el fideicomiso. Todo lo que se produjo fue utilizado durante la campaña de Rodrigo Chaves. Las fotografías de doña Pilar Cisneros fueron utilizadas hasta la finalización de la campaña, todos con el fideicomiso ATA Trust Company», respondieron los representantes de la empresa ante la consulta de Francisco Nicolás sobre si recibieron algún pago de alguna otra cuenta.
El fideicomiso ATA Trust Company manejó una presunta estructura paralela de financiamiento a la campaña de Rodrigo Chaves, según una denuncia presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la agencia publicitaria Madison Revolution S.A. La fiduciaria ATA Trust Company administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, que pagó gastos de campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) de Chaves. Las leyes electorales del país prohíben expresamente el financiamiento de las campañas electorales al margen de los partidos políticos, que se financian con un aporte estatal. Admite las contribuciones privadas, pero únicamente de personas físicas (nunca jurídicas), las cuales deben ser registradas e informadas al TSE.
