George Rodríguez EP. La violencia registrada en el marco de la crisis política que hace más de dos meses golpea a Nicaragua apunta a derrocar al gobierno de ese país, aseguró hoy el embajador nicaragüense en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Denis Moncada.
Contrariamente a lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ese contexto, el Estado de Nicaragua no ha violado el derecho a la vida, ya que, hasta el estallido de la violenta crisis política, el país era el más seguro de Centroamérica, indicó Moncada durante la Sesión Especial del Consejo Permanente de la OEA para conocer el informe que la comisión elaboró tras su visita de mayo al país.
Mediante la escalada de violencia, “se ha pretendido derrocar por la vía de hecho a un gobierno legal y legítimamente constituido”, aseguró Moncada, un ex embajador del país centroamericano en la OEA.
“El Estado de Nicaragua niega y rechaza que haya violado el derecho a la vida, a la integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”, expresó, además, al leer su alocución de 16 páginas.
“No es política del Estado de Nicaragua violar los derechos humanos, más bien, constituyen un eje fundamental de nuestra Constitución Política y de la actuación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Basta señalar que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y el segundo de América Latina, hasta la ocurrencia de estos desafortunados acontecimientos”, subrayó.
Moncada precisó que “manifestamos nuestro desacuerdo con el informe presentado por la CIDH (…) por considerar que el mismo se encuentra parcializado y sesgado, no retoma la información que el Estado a brindando. La CIDH toma como única fuente, noticias e informaciones publicadas por medios de comunicación adversos al gobierno, con una posición política claramente definida, informaciones que se pretende legitimar como ciertas su informe, sin ser previamente investigadas y verificadas”.
En ese sentido, aseguró que la conclusiones del informe están “basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas, lo que en consecuencia y de manera lógica, induce a conclusiones que no se ajustan a la realidad, conclusiones en las que se condena al Estado, sin esperar los resultados de las investigaciones que esclarezcan la verdad de los hechos”.
“El Gobierno de Nicaragua toma debida nota de las recomendaciones de la CIDH”, y “está empeñado en lograr el cese de toda forma de violencia en el país”, señaló.
El ministro refutó así el informe de 91 páginas que la CIDH tituló “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, en el cual, entre otros planteamientos, la comisión señaló que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.
Entre las recomendaciones que formuló al final del texto, planteó la necesidad de “cesar de inmediato la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, así como “elaborar y dar a conocer un registro público” que detalle la identidad y otros datos de los detenidos, e “iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura”.
La CIDH indicó que, resultado de la represión estatal implementada desde el 18 de abril –fecha de estallido de la crisis- hasta el 19 de junio, por lo menos 212 personas perdieron la vida, y que hasta el 6 de junio otras 1,337 resultaron heridas y 507 detenidas.
Sumado a ello, centenares de personas quedaron “en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”, precisó.
