Los diputados acordaron liberar de todo trámite al proyecto de ley para transparentar la votación para elegir a la persona encargada de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera, la iniciativa entrará directamente a discusión para su primer debate.
El expediente se tramita bajo el número 23.313 y la moción de dispensa de trámites fue aprobada de forma unánime por los 42 legisladores presentes.
Justamente, la elección privada, que ya lleva 15 votaciones sin resultado, lo que ha generado que algunos magistrados le exijan a los legisladores avanzar con esta propuesta.
El magistrado Paul Rueda dijo en medio de la discusión del lunes (12 de setiembre) que es necesario instar a la Asamblea Legislativa a que apure el proyecto de ley que permite el voto público en la elección de las autoridades de la Corte.
La iniciativa nació desde la fracción del Frente Amplio, quienes ven la necesidad de transparentar las votaciones, tanto en Asamblea (gracias al proyecto del liberacionista José Joaquín Hernández), como en la Corte Plena.
“Días atrás esta Asamblea dió un paso importante con el proyecto del diputado Hernández, que aprobamos par que las votaciones sean siempre púbicas. Esa misma transparencia se requiere en el Poder Judicial”, dijo el jefe de fracción frenteamplista, Jonathan Acuña.
El diputado afirmó que conocieron “un acuerdo, aprobado en la corte donde piden justamente que hacer reformas en ese sentido”.
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Por su parte, el diputado de la Unidad Social Cristiana Leslye Bojorges, concuerda que la dispensa de trámite, significa “una gran paso para transparentar las votaciones en el Poder Judicial de forma pública”.
¿En qué consiste el proyecto?
Se trata de modificar los artículos 13 (rehabilitación de un magistrado suspendido), 15 (nombramientos) y el inciso 6 del 59 (elección de presidente y vicepresidente). De forma tal que se cambie la votación secreta por una pública.
Así las cosas, para hacer un nombramiento, una rehabilitación de un cargo luego de una suspensión o para elegir quien ostentará la presidencia o vicepresidencia de la Corte Plena; los magistrados harán públicas su preferencias.
Proyecto blindado
Cuando existe alguna modificación concerniente al Poder Judicial desde la Asamblea Legislativa, la Sala IV (órgano compuesto por magistrados) actúa en consultas para decidir si el proyecto en constitucional o no, llevándose abajado iniciativas de ley.
Para el frenteamplista, Ariel Robles, este proyecto no presenta vicios de inconstitucionalidad.
“El proyecto no roza con artículos constitucionales, se modifica la ley que los regula, que impide que haya voto público, no hay nada que roce en la inconstitucionalidad”, dijo el diputado.
Robles añadió que la única elección que secreta que se mantendría es en temas concernientes al régimen disciplinario interno para magistrados, ya que está respaldado en el artículo 165 de la Constitución Política.
“Sí hay un planteamiento constitucional, sobre ciertos temas que tienen que se manejados de forma privada, porque son temas de autogestión del Poder Judicial, temas muy disciplinares; entonces la propuesta plantea que en ese aspecto se respeta lo planteado en la Constitución Política”, acotó Robles.
