George Rodríguez EP. Un juzgado de El Salvador inició este sábado el juicio contra un ex fiscal general de ese país, en un caso por corrupción que involucra a casi una treintena de personas, incluido un ex presidente de ese país.
El juzgado de San Salvador, la capital nacional, llevó a cabo la audiencia inicial en el proceso penal contra el ex fiscal general Luis Martínez, a quien se tipificó una decena de delitos, entre los que figuran cohecho, legitimación de capital, peculado, indicó una fuente judicial citada por la Agencia Francesa de Prensa (AFP).
En la acusación, se señala que Martínez es responsable de haber “corrompido esa institución al vender justicia”, al incurrir en esos actos ilícitos.
Otro de los 28 involucrados en el caso es el ex presidente salvadoreño (2009-2014) Mauricio Funes.
De acuerdo con la acusación, Funes es sospechoso de haber sobornado a Martínez, a cambio de “tener protección y no ser investigado en ciertos casos”, incluida la tregua declarada unilateralmente, en 2012, por las “maras” (pandillas) salvadoreñas.
Esa tregua, cuestionada por diversos sectores, redujo, coyunturalmente el índice de homicidios en El Salvador –país que, junto con las vecinas Guatemala y Honduras, integra el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial-.
En lo que tiene que ver con el señalamiento de soborno al ex fiscal general, Funes enfrenta el cargo de cohecho.
Tanto el ex fiscal general como el ex mandatario están involucrados en otros casos de corrupción.
Martínez se encuentra en prisión, en el marco de otros dos procesos judiciales, por delitos que incluyen fraude procesal, mientras Funes es requerido también por el caso que se refiere al desvío de 351 millones de dólares, que habría ocurrido durante su mandato presidencial.
El ex mandatario se encuentra asilado en la vecina Nicaragua, alegando persecución política.
En el caso que involucra a 28 personas –incluidos Martínez y Funes-, 14 de los acusados fueron detenidos, y las autoridades siguen tratando de capturar a los otros 14, por lo que estos últimos fueron declarados, en la primera audiencia, como “imputados ausentes”.
Funes, quien llegó a la presidencia salvadoreña postulado por el ex guerrillero y actualmente gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se declaró perseguido político en El Salvador, y se asiló, en 2016, en Nicaragua, donde permanece desde entonces.
Al igual que Funes, sus dos antecesores inmediatos en la presidencia salvadoreña –Francisco Flores (1999-2004) y Antonio “Tony” Saca (2004-2009), ambos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena)- enfrentaron, luego de finalizados sus respectivos mandatos, procesos judiciales por corrupción.
Flores fue detenido en 2014, acusado de haber incurrido en soborno, legitimación de capital, y enriquecimiento ilícito, y sometido a juicio a partir de diciembre de 2015, pero no fue sentenciado ya que falleció el 30 de enero de 2016.
Por su parte, Saca, quien fue capturado el 26 de octubre de 2016, enfrentó cargos por haber desviado 246 millones de dólares en fondos públicos, 116 millones de los cuales fueron transferidos a integrantes del personal presidencia para luego ser trasladados a cuentas corporativas –incluidas las de algunas empresas propiedad del ex presidente-.
Saca fue condenado, el 12 de setiembre de este año, a 10 años de prisión.
Por su parte, Funes ha negado los cargos que se le ha tipificado, afirmando que se trata de delitos que no cometió y de los cuales se carece de prueba alguna en su contra.
