La contradicción entre el discurso y la ejecución en el despacho de Diego Miranda tiene nombre y apellido: asesores de confianza. Mientras el alcalde intenta vender la imagen de un administrador que cuida “cada colón” al frenar la compra de vehículos eléctricos, la realidad contable de su oficina cuenta una historia de opulencia.
Según la denuncia sostenida por la regidora Iztarú Alfaro, el alcalde mantiene una planilla de 14 asesores que le cuestan a los contribuyentes josefinos la astronómica cifra de ¢498 millones anuales. Si se proyecta este gasto a lo largo de su cuatrienio, el “ahorro” que pregona Miranda se desvanece frente a una inversión de casi ¢2.000 millones destinados exclusivamente a su círculo cercano.
¿Austeridad o peculado?
Pero el problema no es solo el costo, sino el uso de estos recursos. La situación escaló a niveles judiciales el pasado 11 de febrero, cuando la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) formalizó una denuncia penal contra Miranda por el presunto delito de peculado de servicios. La acusación es grave: se sospecha que el alcalde utilizó a abogados pagados por la municipalidad para que actuaran como sus defensores personales en procesos privados.
“El alcalde dice que busca ahorrar, pero tiene a su disposición un ejército de 14 asesores. ¿Dónde está la coherencia?”, cuestionó Alfaro en el Concejo. Esta dualidad es la que finalmente le dobló el brazo a la administración. Mientras a los regidores se les pedía “sacrificio” para no renovar la flota, el despacho de la alcaldía seguía operando como una de las oficinas más costosas del régimen municipal costarricense.
Un alcalde contra la pared
Con la sanción de 15 días ratificada este martes (pese al berrinche y las amenazas), Miranda entra en una zona de turbulencia legal. Ya no solo se enfrenta a un Concejo que le perdió el respeto por sus formas, sino a una investigación del Ministerio Público que cuestiona si ha confundido los recursos públicos con su patrimonio personal.
El acuerdo de suspensión adquirirá eficacia en la próxima sesión, tras el extraño “paso atrás” del regidor Juan Diego Gómez. Sin embargo, para los josefinos, la pregunta ya no es si habrá carros eléctricos o no, sino cuántas obras se podrían haber construido con los 500 millones que hoy alimentan la planilla dorada de Diego Miranda.
