George Rodríguez EP. El régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, actúa malintencionadamente al incumplir compromisos asumidos en el proceso de negociación con una alianza opositora, denunció, este viernes, la subsecretaria del Estado Adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, al hablar en la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“La negativa del régimen a tomar medidas significativas, en sus compromisos de emprender reformas democráticas significativas, ha demostrado una inconfundible mala fe”, expresó Breier, al dirigirse a la reunión que se lleva a cabo en la noroccidental ciudad colombiana de Medellín.
En tal contexto, Ortega exhibe plena ausencia de voluntad en cuanto a procurar una salida negociada a la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace más de un año, al país centroamericano.
A causa de ello, “en numerosas ocasiones, Nicaragua ha desaprovechado oportunidades para tener el tipo de diálogo inclusivo y honesto que exige la Carta (de la OEA)”, precisó.
En ese sentido, mencionó la aprobación, el 8 de junio, por parte de la mayoría oficialista de diputados en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de Ley de Amnistía, mediante la cual se suponía que el régimen orteguista cumpliría el acuerdo de poner en libertad a todos los presos políticos.
El acuerdo fue logrado, al final de marzo, en el marco de la negociación –actualmente estancada-, entre el gobierno y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contexto en el cual el régimen orteguista se comprometió a liberar, a todos los presos políticos, a más tardar, el 18 de junio.
Antes de cumplirse el plazo, y en aplicación de la Ley de Amnistía, el gobierno liberó, los días 10 y 11 de junio, a un total de 106 presos políticos.
Si bien el gobierno declaró, posteriormente, que había, con ello, dado cumplimiento al acuerdo logrado de marzo, la alianza denunció que no todos los detenidos por oponerse al régimen fueron puestos en libertad.
Al respecto, en su sitio en Internet, la alianza difundió, en un comunicado que emitió el jueves, dos listas preliminares de perseguidos políticos, nóminas que, respectivamente contienen los nombres de 91 presos políticos confirmados, y de 102 desaparecidos.
Al describir la Ley de Amnistía como engañosa, Breier denunció, este viernes, en la reunión de la OEA, la existencia de presos políticos en Nicaragua.
“Docenas permanecen en prisión, por ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales”, expresó la funcionaria estadounidense.
Por ello, los países integrantes de la OEA deben responder sal reclamo de justicia, de la población nicaragüense, planteó.
En ese sentido, dijo que es necesario “responsabilizar a los autores de abusos generalizados de los derechos humanos, a manos de las fuerzas de seguridad leales al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo (esposa del mandatario)”.
La dramática situación nicaragüense es consecuencia de la afectación de que ha sido objeto el orden democrático del país, por lo que es necesario actuar según lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, señaló, además.
Entre otras disposiciones, la Carta Interamericana prevé la suspensión, del Sistema Interamericano, de un país en el cual ocurra la quiebra del orden constitucional.
“En Nicaragua está claro que ha ocurrido una alteración del orden democrático”, lo que significa que “debemos estar a la altura de la Carta Democrática, y reconocer esta realidad”, para, “luego, actuar para defender y restaurar la democracia”.
Estallada el 18 de abril del año pasado, la crisis nicaragüense se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y Murillo a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
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