George Rodríguez EP. El gobierno de Estados Unidos seguirá presionando al régimen encabezado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para que responda por sus violaciones a los derechos humanos, advirtió, este miércoles, la subsecretaria de Estado norteamericana Kimberly Breier.
“Seguiremos presionando al régimen de Ortega bajo las autoridades legales existentes, incluida la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción para Nicaragua de 2018 (#Nicaragua Human Rights and Anti-corruption Act of 2018, Nica Act), y trabajaremos con socios internacionales para promover que responda por sus violaciones & abusos a los derechos Humanos”, escribió Breier, en uno de dos mensajes en la red social Twitter.
El mandatario nicaragüense de cumplir con lo acordado, en marzo, entre el gobierno y la opositora y multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), agregó la jerarca gubernamental estadounidense.
El acuerdo logrado el 27 de marzo, en el marco del estancado diálogo bipartito, incluye la liberación de todos los presos políticos, algo que la oposición ha denunciado que el régimen orteguista ha cumplido parcialmente.
“El presidente Ortega aún debe restablecer las libertades fundamentales y respectar los Derechos Humanos bajo su acuerdo de marzo con la Alianza Cívica de #Nicaragua”, tuiteó, además, para agregar que “el mundo aún espera el cumplimiento de estos compromisos”.
La Nica Act recibió, el 11 de diciembre aprobación unánime en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y pasó a firma presidencial, para quedar en vigencia, requisito para cumplir el cual Trump contaba con un plazo máximo de 10 días –que vencía el 21 de diciembre-.
Aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, respectivamente, el 28 de noviembre el 11 de diciembre de 2018 –en ambos casos, por unanimidad-, la Nica Act pasó, el 20 de diciembre –un día antes del plazo para ello-, a firma presidencial, para quedar en vigencia.
La nueva legislación resultó de la fusión de los proyectos S. 2265 -Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act), la NICA ACT-, y S. 3233 -Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018)-, en calidad de enmienda.
El primero, fue impulsado, principalmente, por Ros-Lehtinen, mientras que la promoción del segundo fue encabezada por el senador republicano Bob Menéndez.
La NICA ACT fue inicialmente aprobada, en octubre de 2017, por la Cámara de Representantes, y, por decisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que la recibió para pasarla a debate en la cámara alta, fue fusionada con el otro proyecto de ley.
El Senado aceptó la iniciativa del comité, aprobó la nueva versión, y la pasó a la Cámara de representantes, donde recibió votación favorable, lo que determinó su pase a firma presidencial.
Algunos de los componentes clave de la nueva ley incluyen respaldo para una solución negociada a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense estallada hace más de un año, así como la aplicación de sanciones selectivas a jerarcas gubernamentales a quienes se señale como responsables, entre otros hechos, de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Nicaragua es, desde el 18 de abril de 2018, escenario de una violenta crisis sociopolítica que se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, la que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
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