El Gobierno de Estados Unidos instó el miércoles 2 de septiembre de 2026 al resto de los países a “no mantener relaciones habituales” con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca afianzar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder y “privar definitivamente” al país de elecciones libres.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que con el avance de la enmienda en primera legislatura, la Asamblea Nacional controlada por la dupla Ortega-Murillo “socavó la ficción democrática de Nicaragua” para “consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”.
“Estados Unidos insta a sus socios internacionales a que cesen de inmediato sus operaciones habituales con esta brutal dictadura”, escribió Rubio.
El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que “las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los Gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad en el hemisferio”.
Rubio, el primer latino en asumir el cargo, insistió en que “la guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad” regionales.
“La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar e implementar medidas para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por Murillo y Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Respaldamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país”, concluyó.
A mediados de agosto de 2026 el Consejo Permanente de la OEA aprobó una reunión de cancilleres para abordar la situación en Nicaragua.
La declaración de Rubio llega a su vez un día después de que el Parlamento de Nicaragua aprobara en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial en el país.
La enmienda está impulsada por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007. En 2017 dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo como “copresidenta” gracias a una reforma constitucional de 2025.
Después de avanzar, las nuevas medidas deberá ser además aprobada por la próxima legislatura de la Asamblea Nacional nicaragüense (en 2027) para entrar en vigor.
EE. UU. acusa al Gobierno de Managua de reprimir y perseguir a los opositores y de debilitar las estructuras democráticas, por lo que ha impuesto sanciones a funcionarios e instituciones oficiales.
