George Rodríguez EP. El gobierno de Estados Unidos informó, la mañana de este martes, que, en beneficio del pueblo venezolano, certificó la autoridad del presidente interino de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó, para controlar bienes monetarios propiedad del gobierno venezolano en instituciones financiera estadounidenses.
Se trata de que el gobierno legítimo venezolano proteja esos fondos, explicó, en una escueta declaración, el portavoz alterno del Departamento de Estado norteamericano, Robert Palladino.
“El 25 de enero, el Secretario de Estado Michael R. Pompeo certificó la autoridad del Presidente interino de Venezuela Juan Guaidó para recibir y controlar ciertas propiedad en cuentas del Gobierno de Venezuela o el Banco Central de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o cualquier otro banco estadounidense asegurado, de acuerdo con la (…) Ley de la Reserva Federal (Federal Reserve Act). Esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a salvaguardar esos bienes en beneficio del pueblo venezolano”, indicó Palladino.
Otros gobiernos tendrían que actuar en el mismo sentido, aseguró el funcionario, en el texto de dos párrafos.
“Llamamos a otros gobiernos a reconocer al Presidente interino Juan Guaidó y dar pasos similares para proteger el patrimonio de Venezuela ante hurto adicional por parte del corrupto régimen de Maduro”, agregó Palladino, en alusión al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El funcionario emitió la declaración un día después de que el gobierno estadounidense anunció el bloqueo de fondos que la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) posea en Estados Unidos.
Según anunciaron los departamentos de Estado y del Tesoro, la medida obedeció a lo que describieron como la corrupción en gran escala que venía afectando a la principal empresa estatal venezolana.
De acuerdo con versiones periodísticas originadas en Estados Unidos, la acción contra PDVSA significa el bloqueo de 7,000 millones de dólares en activos de la empresa en ese país.
La decisión referida a PDVSA ocurrió cinco días después de que el presidente de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamó, el 23 de enero, presidente interino del país, por considerar que la presidencia estaba vacante, a causa de la usurpación del cargo, por parte de Maduro.
La oposición interna y parte de la comunidad internacional, han señalado que el segundo período gubernamental consecutivo (2019-2025) que Maduro inició el 10 de enero es ilegítimo, ya que el mandatario obtuvo la reelección mediante la votación llevada a cabo el 20 de mayo de 2018, con mínima participación opositora, y sin observación internacional independiente.
A su vez, Maduro ha afirmado que la acción de Guaidó constituyó un golpe de Estado a iniciativa del gobierno de Estados Unidos, país respecto al cual anunció la ruptura de relaciones diplomáticas.
Respecto a la medida contra PDVSA, Maduro reaccionó de inmediato anunciando medidas legales y políticas para contrarrestarla.
Venezuela registra, hace años, una crisis socioeconómica, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
