Redacción. – Rodrigo Chaves mantendrá su inmunidad.
Por un estrecho margen de votos, la Asamblea Legislativa rechazó este lunes levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en el marco del llamado caso BCIE-Cariñitos, en el que la Fiscalía lo acusa del presunto delito de concusión.
El resultado fue de 34 votos a favor y 21 en contra, cuando se requerían 38 sufragios afirmativos para que la solicitud prosperara. De esta manera, Chaves conserva el fuero que le impide ser procesado penalmente mientras ejerza la Presidencia. El expediente quedará en suspenso hasta que deje el cargo.
La votación
Los votos favorables provinieron principalmente de diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Liberal Progresista, varias figuras independientes y una legisladora del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD). En contra se pronunciaron la fracción oficialista, Nueva República, la mayoría del PUSC, además de la liberacionista Carolina Delgado y el independiente Gilberth Jiménez. La diferencia de apenas cuatro votos dejó el resultado en un filo que mantiene al país en expectativa política y judicial.
La acusación
La causa fue planteada por el fiscal general Carlo Díaz, quien atribuye a Chaves haber solicitado en 2022 al productor audiovisual Christian Bulgarelli la entrega de 32.000 dólares al asesor presidencial Federico “Choreco” Cruz. A cambio, Bulgarelli habría recibido un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por unos 405.800 dólares para servicios de comunicación.
Según la Fiscalía, esta conducta encajaría en el delito de concusión, que sanciona a funcionarios públicos que exigen dinero o dádivas aprovechando su cargo. Bulgarelli funge como testigo principal del caso y aportó grabaciones y documentos.
Consecuencias políticas
Con esta decisión, la Asamblea Legislativa “congela” el proceso penal hasta nuevo aviso. El mandatario no podrá ser juzgado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mientras dure en el cargo, lo que implica que cualquier procedimiento formal deberá esperar al término de su mandato.
La votación también dejó en evidencia divisiones internas en las fracciones opositoras y un cierre de filas de parte del oficialismo y sus aliados más cercanos, que lograron frenar, al menos temporalmente, un proceso judicial que amenazaba con convertirse en el mayor escándalo político de esta administración.
