Cinco diputaciones del bloque democrático presentarán un dictamen negativo de minoría contra el presupuesto ordinario de la República, luego de que la Comisión de Asuntos Hacendarios votara el proyecto al filo de la medianoche del martes 20 de octubre tras rechazar las mociones de fondo.
El plan de gastos remitido por el Poder Ejecutivo contiene reducciones significativas a programas sociales esenciales. La medida afecta directamente el financiamiento de las becas Avancemos, la Red de Cuido, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y los comedores escolares.
El proyecto recorta además los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y del Ministerio de Educación Pública. El Ejecutivo omite el pago de una deuda con las universidades públicas, respaldada en un acuerdo firmado en noviembre anterior, el cual garantizaba la cancelación mediante ocho tractos anuales de 8.000 millones de colones. Esta decisión impacta la operación de las sedes regionales en zonas como Paraíso y Limón.
“El Gobierno no respeta ni siquiera sus propios compromisos”, aseguró María Eugenia Román, diputada frenteamplista.
Según alegó la diputada, el documento presupuestario presenta graves problemas de inconstitucionalidad en su artículo 7. Hacienda introdujo normas de ejecución específicas que otorgan potestades ajenas a la Contraloría General de la República y a comisiones legislativas. Estas directrices retienen aproximadamente 30.000 millones de colones al Poder Judicial y afectan también a la Defensoría de los Habitantes.
La retención de estos fondos paraliza la operación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública, el programa de atención a víctimas y los tribunales regionales. Debido a que la Corte Suprema de Justicia se manifestó en contra de estas limitaciones, la aprobación de este presupuesto ordinario en el Plenario exigirá una mayoría calificada de 38 votos.
Adicionalmente, los legisladores votaron el segundo presupuesto extraordinario de 2026 sin discusión previa por el vencimiento del plazo reglamentario. El Gobierno incluyó en este segundo expediente nuevas mociones orientadas a recortar el presupuesto del FEES y de otros programas de asistencia social.
