Allan Madriz| EP. Con 31 votos a favor y 13 en contra, el Plenario Legislativo aprobó el dictamen de mayoría de la comisión legislativa investigadora que analizó el el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En dicho informe, que se analizó por más de ocho horas en el Congreso este martes, se recomienda poner un freno a las altas remuneraciones de los funcionarios en las Universidades Públicas, además de mejorar la sostenibilidad financiera de las mismas.
El informe de mayoría establece también que las Universidades Públicas deben someterse a un régimen de empleo público, que asegure la sostenibilidad financiera del FEES y la equidad salarial en toda la administración pública.
Además recomienda al Ministerio de Educación Pública (MEP), realizar en conjunto con las Universidades Públicas, un estudio mediante el cual se puedan establecer los aspectos para fortalecer la rectoría del MEP, en lo relacionado con la educación superior.
Los legisladores firmantes del informe de mayoría piden a los rectores de las universidades someterse a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y denunciar “cláusulas abusivas” en las convenciones colectivas.
El presidente de la comisión y diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, señaló que se deben realizar cambios profundos en el tema de remuneraciones, que afectan directamente el FEES y aseguró que la pensión promedio en las Universidades del Estado supera los 3 millones de colones.
“Muchos se escudan en la autonomía universitaria para ocultar los problemas, disfunciones, sin sentidos y contradicciones que actualmente tienen las Universidades Públicas de nuestro país. Nadie está discutiendo el valor público y el esfuerzo que realizan las universidades por mejorar la educación costarricense; lo que estamos criticando y estamos diciendo es que el esquema salarial, privilegios y pensiones de lujo son insostenibles en Costa Rica”, afirmó Jiménez.
Uno de los llamados que hizo el liberacionista, es que las Universidades Públicas giren su mirada y recursos a las sedes regionales, generando inversión en zonas vulnerables del país. Asimismo, indicó que las negociaciones del FEES no pueden quedarse solo en asignar recursos, sino también en acordar metas, proyectos y programas.
Uno de los opositores del informe de mayoría, fue el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien señaló que en la esencia de este informe no solo hay un espíritu de “sacada de clavo y de agresión con las universidades públicas”, sino un “discurso totalitario”, que niega la pluralidad democrática que caracteriza a las Universidades Públicas.
“No es que no se deba criticar a las universidades o señalar las cosas que deben mejorar, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar… muchas de las quejas que se plantean son legítimas, pero detrás de eso hay una campaña de desprestigio, de odio, de desestabilización de esa institucionalidad, a través de un informe que no es equilibrado”, afirmó el frenteamplista.
El informe de mayoría aprobado por la comisión especial y por el Plenario Legislativo, contiene una serie de recomendaciones, no vinculantes, que señalan una necesidad de equilibrar las finanzas de las Universidades Públicas.
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