Aarón Chinchilla EP. | A través de un proyecto de ley, el diputado de Liberación Nacional (PLN), Roberto Thompson busca endurecer penas contra las personas que realicen o participen en bloqueos en vías nacionales o cantonales.
Mediante el expediente de ley número 21.715, el liberacionista busca reformar el artículo 263 bis del Código Penal (Ley Nº 4573), para que se imponga una pena de seis meses a un año de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, bloquee, impida, obstruya o dificulte, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes. En los casos en que la obstrucción de la vía pública haya puesto en riesgo la salud o vida de las personas o haya existido resistencia por parte de los manifestantes a la orden policial, se impondrá una pena de 1 a 4 años de prisión sin perjuicio de que por otros delitos en concurrencia material puedan ser imputados.
Por otra parte, el expediente señala que cuando se efectúen bloqueos u obstrucciones que impidan o limiten el libre tránsito de las personas o sus vehículos, las autoridades policiales que se presenten al lugar ordenarán a las personas en el sitio remover de forma inmediata cualquier obstáculo del lugar, así como situarse en las aceras o espaldones de la vía.
De lo anterior, se dejará constancia en un parte policial o acta escrita que incluya la fecha y hora en que se giró dicha orden.
Una vez denunciado el bloqueo, el Presidente de la República y el Ministerio de Seguridad deberán tomar las medidas proporcionadas y efectivas para restablecer la circulación en las vías públicas nacionales de manera inmediata.
“(Este proyecto) contempla, por una parte, establecer de manera clara la obligación de los cuerpos de policía en cuanto a intervenir con prontitud el restablecimiento del orden público y derecho al libre tránsito, y por otra, la actualización de las disposiciones contenidas en el Código Penal”, señala el proyecto.
Según explica Thompson, más allá de su derecho a manifestarse libremente, de manera pacífica y sin armas, son cada vez más frecuentes escenas lamentables en donde se observan personas promoviendo la realización de bloqueos en las vías públicas, la paralización de servicios públicos, y además, ejecutando actos vandálicos sin precedentes, incluso, atentando contra la integridad física y la vida de los funcionarios públicos de nuestras fuerzas policiales, en un franco irrespeto por el orden público y la paz social.
Desafortunadamente, existen sectores de la población que pretenden amparar toda clase de actuaciones desmedidas y violatorias de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, causando graves distorsiones a la libertad de tránsito, al derecho a la paz y a la tranquilidad, lo mismo que a generar cuantiosas pérdidas económicas al país. En ese sentido, debe destacarse que el derecho de reunión no permite un ejercicio desmedido para actuaciones ilegítimas ni la promoción de desórdenes que alteren la tranquilidad y un cúmulo de derechos de la mayoría de los ciudadanos, que día con día tienen la expectativa de transitar a través de nuestras vías públicas sin demoras, ya sea para llegar a sus trabajos, asistir a sus citas médicas, simplemente para reunirse con sus familias; y en igual sentido, nuestros servidores policiales merecen la tutela del Estado a la hora de realizar sus labores de normalización del tránsito y restitución del orden público
